Las solicitantes de asilo, que estuvieron asistidas por un letrado de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), emprendieron ayer el viaje de vuelta a su país. Fuentes de Interior argumentaron que tanto el informe que ellos realizaron como el que elaboró el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados se mostraron contrarios a admitir a trámite dicha solicitud.

Sin embargo, Cear hizo todo lo posible por evitar la devolución de las venezolanas -dos de ellas menores de edad- y llegó a interponer un recurso contencioso-administrativo contra la inadmisión a trámite. Desde este organismo estimaron que este caso es tan sólo un ejemplo de la arbitrariedad que reina a la hora de conceder el asilo político. «A diario nos encontramos con situaciones incluso más injustas que la de estas mujeres, lo que demuestra el criterio restrictivo de las autoridades españolas», declaró ayer el coordinador del equipo jurídico de Cear en Madrid, Diego Lorente.

Este diario se puso ayer en contacto con varios amigos de las afectadas que residían en España y que corroboraron punto por punto su versión de los hechos: «Me siento culpable. Yo mismo les dije que pidiesen asilo porque España era un país muy humanitario. Ellas sabían que, si volvían, las iban a matar», explicó uno de ellos, Fran Palacio.