La orden se ejecutó mediante un decreto presidencial que exime de cumplir con la Ley de Inteligencia, que impone la obligación de guardar silencio a los policías, militares y ex funcionarios públicos, en actividad o en retiro, imputados en causas judiciales sobre la guerra sucia.

«La medida abarca a todas las personas que pueden estar por normativa vigente obligadas a guardar secretos [de Estado] y [está] limitada a situaciones de terrorismo de Estado y violaciones a los Derechos Humanos», dijo la ministra de Defensa, Nilda Garré, en la Casa Rosada.

Garré explicó que el objetivo es que «la obligación de guardar secreto no constituya un impedimento o un pretexto para obstaculizar la acción de la Justicia» en las causas en que se investigan los crímenes de la Triple A y de la dictadura militar, que provocaron unos 31.000 desaparecidos y muertos.

«Es una demostración más del compromiso profundo que tiene el Gobierno de luchar contra la impunidad. Es una medida histórica», agregó. En Argentina hay en curso varios cientos de procesos contra represores, principalmente de la dictadura militar que azotó al país de 1976 a 1983, en menor medida contra ex pistoleros de la Triple A, por lo que 200 ex militares, policías y civiles permanecen detenidos.

Incluso la ex presidenta María Estela Isabelita Martínez de Perón cumple detención domiciliaria en su casa de Madrid, a la espera de su posible extradición a Buenos Aires por los crímenes de la Triple A, al igual que el ex jefe militar de esa banda Rodolfo Almirón Sena y varios represores en España. Ayer el juez Norberto Oyarbide dictó el procesamiento con prisión preventiva de Isabelita y Almirón, un paso judicial obligatoria para la solicitud de extradición a España.

Justamente ayer el Consejo de Ministros aprobó la extradición a Buenos Aires del ex policía argentino Juan Carlos Fotea, a quien se acusa del secuestro y homicidio en 1977 del escritor y periodista Rodolfo Walsh, a su vez militante de la guerrilla peronista Montoneros.

El decreto del presidente Kirchner fue una respuesta directa a la solicitud que en ese sentido formuló el ex capitán de la Armada Alfredo Astiz, uno de los emblemas de la guerra sucia, conocido como El Angel de la Muerte o El Cuervo, en el juicio por la desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet.

Astiz, que cumple prisión preventiva por esos crímenes, le reclamó a Kirchner que lo absuelva de la Ley de Inteligencia y así, adelantó, podría dar detalles de cómo se consumaron muchos de los crímenes de los que lo acusan, aunque él proclama su inocencia.