BARCELONA.- El debate de la prostitución es el de la libertad de las personas, pero también el de la dignidad. La colisión de derechos y la voluntad de los políticos de poner un orden en la situación ha llevado la discusión a la opinión pública y a tirar adelante con penas y trabajos un intento de regulación de la prostitución en Cataluña que hoy por hoy duerme el sueño de los justos.

Fuentes del Departament d'Interior, que es el que tiene las competencias para impulsar este proyecto que cuenta con la participación de los departamentos d'Acció Social i Ciutadania y Treball, señalan que la iniciativa «no es prioritaria» en esta legislatura y que probablemente no será hasta después del verano que se reactive.En cualquier caso, que se retome el proyecto no quiere decir que se respete el redactado actual, advierten en Interior: es un borrador que tanto se puede mantener como modificar o cambiar sustancialmente.

Desde el Departament d'Acció Social i Ciutadania, dirigido por la consellera Carme Capdevila, también se señala que el proyecto no es ahora «prioritario» en la acción del Govern. El borrador espera el dictamen de la comisión jurídica, según subraya la consellera Montserrat Tura, una de las defensoras más acérrimas de la iniciativa.

¿Qué dice el borrador? La última versión, elaborada cuando Tura era la máxima responsable d'Interior, establece una edad mínima para ejercer, los 21 años, y limita la práctica al prohibirla en los espacios públicos. La principal novedad que aporta esta iniciativa es que autoriza la asociación de prostitutas en cooperativas de autogestión: podrán adquirir o alquilar locales para ejercer su trabajo, de acuerdo con unas condiciones -una distancia de seguridad respecto a zonas escolares, no ocupar pisos de casas de vecinos y que se acceda por la vía pública. Así las cosas, desde la Secretaría de Igualdad del Gobierno, se lamentó desde el primer momento su contenido porque equipara la prostitución «con una ocupación», y sectores del PSOE se inclinan por los planteamientos abolicionistas en concordancia con las plataformas que advierten que regular la actividad de las prostitutas es legitimar también los abusos y explotación de las mujeres.

Lourdes Muñoz, diputada del PSC en el Congreso y Secretaria de Política de las Mujeres en el partido, señala que tras un importante debate interno el partido se ha puesto de acuerdo en la necesidad de trabajar en cinco líneas básicas: mejorar el cerco policial al proxenetismo y la protección a las víctimas de la prostitución; desincentivar la práctica de la prostitución «como una alternativa laboral más»; limitar la práctica de la prostitución en espacios públicos; trabajar por los derechos y la dignidad de las prostitutas y por que se reconozca la responsabilidad de los clientes en el tráfico sexual.

Cuenta Muñoz que Cataluña «tiene unas competencias muy limitadas» para regular la prostitución, y apenas se puede legislar sobre la situación de los locales y los límites al ejercicio del tráfico sexual en las calles. «Hay competencias estatales afectadas, en lo que a la represión de las mafias y el proxenetismo se refiere», recuerda Muñoz. «El 95% de las mujeres que se prostituyen están en situación de vulnerabilidad o dependencia personal», explica la diputada del PSC, y eso es un elemento común en un colectivo que reúne tanto a mujeres que dicen traficar con su cuerpo libremente como las que lo hacen en burdeles o integradas en redes organizadas.«Ese es el gran problema de la prostitución en Cataluña y en España», denuncia Muñoz.

La socialista, que forma parte de la ponencia sobre prostitución que se discute en el Congreso con la vista puesta en la futura aprobación de un plan estatal para intervenir ante este fenómeno, considera que es mejor esperar a que el Congreso dé sus pasos antes de poner en marcha ninguna normativa en Cataluña y, por eso, «como PSC, estamos colaborando con el Gobierno».

Desde ERC, la que fuera consellera de Benestar i Família cuando se elaboró el borrador, Anna Simó, se remonta en el tiempo para señalar que la primera iniciativa en el sentido regulador de la prostitución es de 2001, y fue Carme Porta, Secretària de la dona d'ERC, la que abrió el debate al pedir que se descriminalizara a las prostitutas. Ya en 2002, el entonces diputado en el Congreso Joan Puigcercós, presentó una proposición no de ley en la que instaba al Gobierno a estudiar el reconocimiento jurídico y laboral de las prostitutas que pudiera abrirles las puertas a la cobertura social.

«ERC quiere regular la prostitución porque entendemos que todo aquello que queda fuera de la ley puede crear situaciones de vulneración de derechos para quienes la ejercen», comenta Simó, «y no regularla es una forma de permitir la existencia de un submundo negro». La ahora diputada de ERC señala que cuando intervino en la elaboración del borrador de la iniciativa legal catalana «valoramos mucho el impulso de cooperativas de prostitutas, ya que Cataluña tiene competencias plenas en materia de cooperativismo».

Simó también hace hincapié en las ventajas sociales que puede aportar la regulación. «Se ha de trabajar en la inserción social y ofrecer más revisiones ginecológicas a las mujeres, que contrariamente a lo que se piensa, son más vulnerables a sufrir contagios e infecciones de los clientes que al revés».

Si en el PSC hay corrientes internas contrarias a la regularización, la postura ante esta disyuntiva es igualmente desigual en el seno del Partido Popular. Así lo cuenta Montserrat Nebrera, número dos del PP en Cataluña, que advierte que el abolicionismo «choca con la realidad». «Los abolicionistas dicen que la prostitución afecta a la dignidad de las mujeres, nosotros ponemos por encima su libertad de decidir».

Mayoritariamente, el PP se inclina por la regulación por una serie de razones: por la convivencia cívica y por la seguridad laboral de las personas que trafican con su cuerpo, sobre todo.Nebrera apela a aspectos prácticos. «si regular la prostitución es aceptar la realidad de esta actividad, las mujeres que ingresan dinero pueden contribuir al sistema con impuestos». En esta coyuntura, correspondería a la inspección de trabajo y fiscal el control de la actividad «siempre en los casos en que se ejerce con libertad», concreta, y añade: «Hay personas para quien es más sencillo vender su cuerpo que ir a limpiar escaleras; y mucha gente vende cosas más importantes que el cuerpo, no se ha de caer en la moralina».

No es ésta la panacea, admite Nebrera, pero «se ha de abrir el debate, es un mal menor». En este sentido, la popular lamenta que el tripartito no se decida a tirar adelante la iniciativa de regular la prostitución «por el enfrentamiento» que protagonizan en el seno del Govern «los partidarios de la postura pragmática del reglamentarismo y los abolicionistas».

Paradójicamente, Laia Ortiz defiende que Iniciativa comparte argumentos similares para reglamentar la prostitución: que el abolicionismo es «paternalista» y sólo dejaría en la clandestinidad una realidad que es innegable. También reprocha a los abolicionistas que «estigmatizan» a las mujeres con su postura.

Ortiz sí que marca una distancia con el PP cuando señala que no han de existir razones de «orden público» para reglamentar, y apela a la oposición que mostró Iniciativa ante la ordenanza de Barcelona precisamente por este motivo. En cualquier caso, respecto al borrador de la ley, ICV se muestra crítica con su elaboración: «tenía que impulsarse desde una mesa interdepartamental, y no sólo desde Interior», apunta la diputada de Iniciativa.

La postura de UDC está en las antípodas de este planteamiento.Desde la formación democristiana, Manel Silva señala que aunque no se ha discutido en ningún congreso del partido, hay un «consenso absoluto» en que la prostitución «no es un trabajo que se pueda hacer por cuenta ajena, no es un trabajo ordinario».

Silva sostiene que es una actividad que entra en la esfera personal, y por eso «la pretensión de configurarla con normalidad implica convertir a los proxenetas en empresarios del sexo». Aludiendo a los argumentos que dan los partidos en favor de la regulación, advierte Silva que «imagino que a nadie se le pasa por la cabeza que cuando un niño va a la escuela se le plantee que de mayor puede ser paleta, abogado o puta».

«O que una prostituta pueda sufrir un despido disciplinario por negarse a tener relaciones sexuales con un cliente, o incluso que le retiren la prestación por desempleo», comenta a modo de ejemplo.

El planteamiento abolicionista de Unió Democràtica no excluye, en cualquier caso, que se tenga que garantizar algún tipo de control sanitario sobre las mujeres que ejercen la prostitución y perseguir las mafias del sexo, apunta Silva.

Mercè Pigem, diputada de CiU, defiende similares posicionamientos.Desde Convergència también se plantea una oposición frontal al proyecto regulador de la práctica voluntaria de la prostitución que estudia el Govern, al considerar que convertir a las mujeres en «objetos que se pueden comprar no es lo mejor».

CiU sostiene, en cualquier caso, que el debate sobre la regulación de la prostitución no se puede abordar hasta que se haya erradicado el tráfico y la prostitución forzada.

El recién llegado a este debate es Ciutadans. Su secretario general, Antonio Robles, explica que desde los poderes públicos se debe regular «como cualquier otra actividad laboral donde estén protegidos sus derechos y sus obligaciones, como la fiscalidad o las revisiones periódicas sanitarias».

El debate sobre la regulación de la prostitución en Cataluña está, ajeno a la controversia que genera, en punto muerto. Mientras, la consellera Montserrat Tura recuerda que en las carreteras y las calles catalanas las prostitutas siguen ejerciendo y su vulnerabilidad está fuera de toda duda.