Las mujeres prostituidas de calle, burdeles, o alto standin, víctimas del tráfico o no, son idénticos objetos mercantilizados, con independencia de su asentimiento o resistencia y de las motivaciones subjetivas que determinen sus actos. No es posible sustraerse por mera voluntad, a la condición de esclavo o de mercancía, o, dicho de otra manera, el estado de esclavitud o de prostitución es un status objetivo que no se transforma en función de la representación propia.

Los partidarios de la reglamentación de la prostitución recurren a un variado abanico de tópicos para amparar la defensa de sus posiciones pro-prostitución, uno de los más habituales y fervorosamente esgrimidos es su estimación de que existe una prostitución libre y voluntaria y otra forzada. Según su discurrir argumentativo, el acceso por precio al cuerpo de las mujeres sería, según los casos, una violación de derechos humanos, en consecuencia rechazable, o, por el contrario, un hecho indiferente y axiomático, una práctica inocua y ajena a las relaciones de género cuyo posible cuestionamiento no deriva del hecho objetivo de su posibilidad de realización sino tan sólo de la interpretación subjetiva de cada mujer en situación de prostitución.

Ceñir el análisis sobre la prostitución al examen de los motivos que condicionan a las mujeres a prostituirse es extremadamente útil, exime impunemente de indagar por qué los cascos azules de la OTAN, en misiones humanitarias, tienen el privilegio de intercambiar sexo por comida o por un dólar con las mujeres de los campos de refugiados, o por qué un millón largo de usuarios nacionales acuden a diario a los prostíbulos de nuestras ciudades.

Los partidarios de la reglamentación sin distinción, proxenetas,autodenominados empresarios del sexo- liberales, politic@s de izquierda y derecha, nacionalistas o centralistas, presuponen la legitimidad de tales practicas y convergen en sus propuestas de implementar normas que perpetúen el uso sexual de las mujeres.Desde su perspectiva no se trata de cuestionar la existencia misma de la prostitución: lo único relevante es que se realice en condiciones de confort, salubridad o decoro urbano.

La prostitución no es una práctica ajena a las relaciones de género. El debate sobre la prostitución exige imperativamente formularse un juicio normativo previo sobre si es admisible o no, compatible o no con un proyecto de sociedad igualitaria, el uso sexual y comercial de las mujeres. La opción entre reglamentación y abolición no es un debate sobre opciones individuales, ni sobre supuestas elecciones; estamos ante un debate político sobre modelos sociales, sobre el sistema de organización social y sobre sus valores.

Cuando una sociedad reglamenta la prostitución y organiza el mercado de la carne, no se limita a establecer un modelo normativo, sino un sistema de valores, y cuando se reglamenta la prostitución se opta por un mensaje inequívoco: es legítimo el uso comercial del cuerpo de las mujeres.

Encarar el problema de la prostitución porque existe no tiene precisamente por finalidad asegurar su pervivencia, sino que pongamos en marcha mecanismos encaminados a erosionar que subsista y se mantenga. El modelo abolicionista de Suecia, que sanciona la compra de servicios sexuales,lleva a que la sociedad rechace el sexo comercial y repruebe tales conductas.

Rosario Carracedo es la portavoz de la plataforma de organizaciones de mujeres por la abolición.