«Con establos y caballos...». Rosa e Ignacio lo veían claro.

Tan claro como para, hace cinco años, hacer las maletas, coger a sus entonces dos hijas -hoy son tres- y dejar Barakaldo, en Vizcaya.

Dicen que soñar es gratis. Pero cuando uno pasa por el banco para pedir un crédito con que hacer sus ilusiones realidad, el sueño se puede convertir en la peor pesadilla.

«Al final no pudo ser...», se lamenta Ignacio. Un crédito, otro, el cambio a un trabajo peor pagado, el impago de unas letras, un agujero que acaba creciendo hasta 10.000 euros, la amenaza de embargo.

El 26 de diciembre el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Burgos les declaró en concurso de acreedores voluntario, lo que antes se llamaba suspensión de pagos.

Es la segunda familia que ha trascendido que se ha acogido a esta solución, prevista sólo para empresas hasta la ley concursal de 2004. Y aunque expresiones como concurso de acreedores o suspensión de pagos suenen horrible, no deja de ser una posible buena noticia. De momento, se paraliza el embargo y en una futura vista de negociar con los acreedores una posible reducción de la deuda y ampliación de plazos. «No sabemos cómo acabará esto», expresan con temor.

La casa de Rosa Crespo e Ignacio Silva está a la entrada de Quintanilla. No es grande, apenas 90 metros. El techo está recorrido por vigas de madera y una chimenea calienta la parte central de la vivienda. El olor de un puchero embriaga el ambiente y revela que hoy habrá alubias.

Sentada en una silla de madera en la cocina, Rosa revive su historia. Tiene 36 años, el pelo rubio y unos ojos castaños que transmiten ternura y contagian dolor. Una bata roja la protege del frío. A su lado está su marido, Ignacio, 32 años. «Vinimos con la intención de hacer una casa rural con establos y caballos», explica, «pero al final no pudo ser».

Cuando llegaron a Burgos compraron un terreno de 3.200 metros y pidieron un crédito para hacer de ese matojo de hierbas un atractivo turístico. Bastaban 72.000 euros, pensaron. Pero pasó el tiempo y tuvieron que volver a otro banco para pedir otro crédito, 12.000 euros más.

Los problemas empezaron hace dos años, cuando Ignacio tuvo que dejar de trabajar como transportista y su sueldo, de 3.000 euros, sufrió un hachazo. Se incorporó a una constructora en la que cobraba unos 1.000 euros. Desde mayo, además, Ignacio está de baja por una hernia discal y el único ingreso familiar ha caído a menos de 900 euros.

Iban pagando los 480 euros de hipoteca y los 200 del crédito. Hasta que hace año y medio no pudieron afrontar un pago. A la primera mensualidad siguieron tres más y les notificaron un posible embargo. Han puesto en venta su finca, valorada en 178.000 euros. La demora de sus pagos asciende a 10.000 euros y el total de la deuda, a 90.000.

«Me sentía impotente. Quería ponerme a trabajar pero no tengo carné de conducir. El cartero no dejaba de llegar cada día con cartas de que nos podían quitar la casa», relata con dolor Rosa. El mensajero llegó a convertirse en habitual de la familia.

Mientras Ignacio prende un cigarro, Elena, la pequeña de la casa, no deja de corretear. Tiene cuatro años e ignora la amenaza que sufren. Sus dos hermanas, Vanesa, de 12 años, y Haiza, de 15, sí lo saben. Adolescente con una inmensa coraza, Haiza no quiere salir en las fotos.

«Desde hace tiempo no tenemos lujos», continúa Rosa. «Ya no compramos ropa y prescindimos de algunas cosas». Ahora se moriría por ir un día a comer una hamburguesa a un McDonald's. Las Navidades las celebraron sin excesos, solos en casa «con lo justo y necesario».

Fue un primo de Ignacio de Sabadell (Barcelona) quien les puso al corriente del resquicio que les dejaba la ley concursal de 2004 para esquivar el embargo. Al parecer, un ciudadano catalán se había declarado en quiebra patrimonial y logrado paralizar sus embargos.

UN PROCESO COSTOSO

Se trataba de José Gil Esteve, ex empleado de una farmacéutica de San Salvador de Guardiola (Barcelona) con una deuda, entre hipoteca, créditos y otros conceptos de 163.750 euros. En 2005 un juzgado declaró a Gil Esteve y su mujer en concurso y algo más de 18 meses después se alcanzó un acuerdo en el juzgado: el matrimonio pagaría la hipoteca en las condiciones en que se negoció inicialmente y conseguía la quita del 30% del resto de deudas (es decir, dejarían de pagar unos 40.000 euros del total de su deuda). El 70% restante tendrían que devolverlo en cinco años sin intereses.

«Cuando se conoció el acuerdo se comentó mucho», recuerda el abogado del matrimonio, Jaume Pich. «Varios abogados me han llamado de distintos puntos de España para pedirme los formularios que usamos. Pero aunque entonces salió a cuenta, puede ser mejor renegociar la deuda. Depende de muchas cosas como el volumen de la deuda o el número de acreedores».

Como señala Inés Landín, directora del Registro de Economistas Forenses del Consejo General de Colegios de Economistas, puede ser un proceso muy costoso que no merezca la pena si la deuda no es elevada. «Hay que publicar edictos en el BOE, que se cobran por palabra y son bastante caros, procurador, abogado, administrador judicial...».

Desde que se aprobó la ley concursal en 2004, al menos 161 particulares se han declarado en suspensión de pagos, aunque la mayoría son autónomos a los que ha ido mal el negocio. Casos de familias sólo han trascendido los de San Salvador de Guardiola y Quintanilla.

«Si hace falta me pongo en huelga de hambre y me encadeno a la casa», asegura Rosa. Atrás quedan los días en que en los bancos llamaban a Ignacio Iñaki, le invitaban a pasar al despacho y le ofrecían planes de pensiones y televisores de plasma. Las entidades a las que ha ido, dice, le han dado la espalda cuando ha pedido renegociar la deuda o no le han atendido al verle en listas de morosos. «Son unos buitres», comenta dolido. Y rasca la mesa de la cocina.

HIPOTECA

Cuando llegaron a Burgos los Silva compraron una finca. Pidieron un préstamo de 72.000 euros. La letra de la hipoteca les supone unos 480 euros. El 26% de los españoles está pagando una hipoteca. La morosidad apenas llega al 0,3% de lo que los españoles deben a los bancos por sus casas: 550.000 millones de euros

CRÉDITO PERSONAL GUERRA MUNDIAL

Solicitaron un crédito personal: 12.000 euros a devolver en plazos de 200 euros. Los españoles deben en créditos personales más de 200.000 millones de euros. En total, entre hipotecas y otros préstamos, adeudamos 750.678 millones de euros, el 70% del PIB.

OTROS GASTOS

Aparte de los 680 euros en préstamos, los Silva gastan 300 euros al mes en comer cinco personas, 200 de luz en invierno, 15 en teléfono móvil y 80 en gasolina. Ingresan menos de 900. Más de dos millones de españoles están en registros de morosos, a veces por deudas de unos euros.