Días más tarde de que se constataran las fugas, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba mostró su absoluta convicción de que los condenados acabarían rindiendo cuentas ante la Justicia, pero hasta él mismo reconoció que había habido cierta descoordinación. Descoordinación, imprevisión... Lo cierto es que el despliegue para realizar las detenciones de una sentencia anunciada, adoleció de graves defectos -obvios ahora dado el resultado-, y que después fueron analizados por los propios agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. «Sólo con que nos hubieran avisado por la mañana de que el Tribunal tenía perfilada la sentencia, el resultado hubiera sido distinto, nos hubiera dado tiempo a realizar más cosas», señalan algunos.

Sin embargo, probablemente ni aún así el resultado hubiese quedado asegurado, tal y como se vio más tarde, entre otras cosas porque algunos de los buscados estaban localizados a las 11.00 horas y esto no fue garantía de éxito, y otros siete se habían ausentado más de una semana antes.

En cualquier caso, según las fuentes consultadas, el Ministerio del Interior dio la orden de que la Ertzaintza fuese el cuerpo con prioridad para efectuar las detenciones, de modo que, entre el desfase en la comunicación de sentencias y la descoordinación entre policías, los miembros de Segi encontraron mayores facilidades para su huida.

Un ejemplo de la citada descoordinación e incluso de ralentización de información -habituales desde hace años- se produjo sin ir más lejos cuando la Ertzaintza halló el zulo de Amorebieta a finales de diciembre con decenas de kilos de explosivos: los datos llegaban con cuentagotas y tarde, no solamente al resto de los cuerpos, sino también al Ministerio del Interior.

En este caso, es cierto que desde el Departamento dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba se había puesto en alerta a las Fuerzas de Seguridad sobre la cercanía de la sentencia; una semana antes de que fuese hecha pública se les advirtió que podría ver la luz antes de que finalizase el mes de enero. Sin embargo, los agentes consultados argumentan que es imposible mantener una vigilancia efectiva durante tantos días sobre tantas personas.

Respecto al día de autos, el Supremo comunicó el fallo de su decisión a la Audiencia Nacional -que es el tribunal ante el que se interpuso el recurso- a las 11.40 horas aproximadamente, y después tardó unos 45 minutos en dar la noticia a las partes.

Las órdenes de detención les llegaron a las Fuerzas de Seguridad entre la 13.30 horas y las 14.00 horas. A las 11.00 horas, algunos agentes habían detectado a un grupo de miembros de Segi en Vitoria, San Sebastián y Bilbao y por eso pudieron comprobar que en un momento determinado, hacia las 12.15 horas -poco después de que la decisión llegase a la Audiencia Nacional y antes de que fuese comunicada oficialmente a las partes-, éstos realizaban determinados movimientos sospechosos, se reunían entre ellos y apagaban los móviles para evitar ser detectados por esa vía.

No obstante, los agentes no pudieron tomar iniciativa alguna porque no habían recibido todavía el permiso judicial para proceder a los arrestos.

En cumplimiento de la sugerencia que se les había hecho, la Policía comunicó a la Ertzaintza los datos de los que disponía para que ésta procediese a efectuar los arrestos, pero la Policía Autónoma del País Vasco tampoco tenía en su poder todavía las órdenes de detención y cuando las tuvo no llegó a tiempo.

Sí tomaron la iniciativa los agentes de la Guardia Civil que, obviando la propuesta de preferencia, detuvieron a Amaia Arrieta y a Igor Ortega en el barrio donostiarra de Intxaurrondo, pero dada la falta de coordinación entre cuerpos, se personaron en lugares donde ya había estado la Ertzaintza y coincidieron en la puerta del domicilio de alguno de los buscados que ya no estaba en su casa.

Un balance que resulta, por diversas razones, manifiestamente mejorable.