Esa norma tenía por objeto cambiar por completo el funcionamiento de los ayuntamientos, creando instrumentos de participación de los ciudadanos, mejorando la transparencia para evitar los casos de corrupción y quitando competencias a las diputaciones provinciales. Otra de las novedades era obligar a que cada atribución de competencias a los ayuntamientos llevara aparejada una asignación económica, lo que constituía una reivindicación histórica de los entes locales.

El Ministerio de Administraciones Públicas que dirige Jordi Sevilla pactó el anteproyecto de ley con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y lo llevó a la comisión en la que están presentes todas las comunidades, la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales (CSAL). Allí el PP le comunicó que no apoyaría la ley si en paralelo no se aprobaba un nuevo modelo de financiación local. Sevilla aplazó en varias ocasiones la tramitación del proyecto en el Consejo de Ministros en busca de un acuerdo con el PP que consideraba imprescindible.

Su última oferta fue la de incluir una disposición transitoria que obligara al Gobierno a remitir a las Cortes un nuevo modelo de financiación antes de seis meses.

Rechazo del PP

Incluso, el ministro mantuvo una reunión con el líder del PP, Mariano Rajoy, para desbloquear el texto, pero todo fue infructuoso.

El Gobierno considera que esta norma, que Sevilla calificó como «el estatuto de autonomía de los ayuntamientos», sólo podría salir adelante con consenso de los dos principales partidos. Además, al ser una norma básica que obligaría a todas las comunidades, no tiene el beneplácito de todos los partidos nacionalistas que, por ejemplo, pueden entender que entra en conflicto con el nuevo Estatuto de Cataluña.

También la proximidad de las elecciones municipales del 27 de mayo dificulta el acuerdo en los próximos meses.

Por eso, el envío de esta norma al Parlamento no está en la lista de proyectos que el presidente del Gobierno mencionó el 29 de diciembre para este periodo de sesiones, ni en el plan de medidas estudiadas este viernes en el Consejo de Ministros, tras escuchar las propuestas de todos los departamentos.

Es decir, la Ley de Bases de Régimen Local tendrá que esperar, al menos, hasta la próxima legislatura, salvo que se envíe de forma simbólica al Parlamento, admitiendo que es imposible que salga adelante. Queda por decidir qué hacer con las medidas contra la corrupción que contenía el anteproyecto de ley. Fuentes del Gobierno aseguran que se estudia si algunas de ellas pueden ser incluidas en la Ley del Suelo que se tramita en este momento. Para ello habría que introducirlas como enmiendas en el Senado a ese proyecto de ley. Esas medidas serían, por ejemplo, las que se refieren a la transparencia de las operaciones urbanísticas como las recalificaciones o las permutas, que tendrán que someterse a periodo de alegaciones por parte de los ciudadanos y deberán decidirse en los plenos. Estas obligaciones de transparencia ya se aplican para los planes de urbanismo y se exigirán también para las permutas que, precisamente, es donde se esconde la mayoría de los casos de corrupción municipal.

No podrán recuperarse en la Ley del Suelo otras propuestas contra la corrupción como las que consistían en aplicar a los alcaldes y concejales el mismo régimen de incompatibilidades que tienen los altos cargos de la Administración del Estado.