No es sólo que Interior haya expedientado y suspendido de tres meses de sueldo a los dos líderes de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) que tiraron del carro en el evento, es que -tal y como revelaron ayer- en el horno de la Asesoría Jurídica de la Dirección General del Cuerpo se preparan ya otra treintena de sanciones a otros tantos asistentes a la protesta.

«Nos enfrentamos a una nueva situación: el Gobierno del PSOE ha optado por utilizar la represión y tratar de acallar la voz de la Guardia Civil», señalaba un contenido y emocionado Joan Miquel Perpinyá, secretario general de la AUGC y uno de los multados. «Ni estos expedientes, ni ninguno, va a conseguir que dejemos de existir ni de reclamar lo que los guardias consideran sus derechos. Nuestra voz no se va a acallar hasta que sean atendidas nuestras demandas, tal y como se comprometió el PSOE en su programa electoral». El otro sentenciado, Juan A. Delgado, secretario de comunicación del colectivo, contó que se ha enterado de su castigo por los medios.

Significativa fue la cautela con la que hablaron los señalados. Significativa fue la concurrida asistencia de compañeros a la asamblea general donde se departió sobre el asunto. Significativo, que tuviera que tomar la palabra para explayarse a gusto un ex guardia civil, hoy metido a psicólogo sin uniforme: Fernando Carrillo, anterior dirigente de la asociación.

«30 años sin derechos»

«El informe jurídico de la Dirección General no hace alusión a ninguna de las frases que dijeron aquel día los dos sancionados en la Plaza Mayor y está elaborado antes incluso de la manifestación. Las apreciaciones que hacen tiene un objetivo evidente: ilegalizar a la AUGC», recordó Carrillo. «Pero estos expedientes no van a solucionar nada. Porque se omite el problema de fondo: después de casi 30 años de democracia, seguimos sin tener los mismos derechos que la Policía y el resto de ciudadanos».

La propia composición de la Asesoría Jurídica de la Dirección General de la Guardia Civil fue señalada ayer por Carrillo como factor clave en la dureza de las sanciones. Pues los 17 miembros de la misma son todos militares.

El bote de humo, lanzado desde Interior en cualquier caso, cae en medio de la AUGC, pero es un aviso para todos los integrantes del Cuerpo. No es baladí el toque dado. Creada en 1994, la asociación cuenta con 24.700. O lo que es lo mismo, en sus filas está uno de cada tres guardias civiles.

La pelea es vieja, no obstante. Cada paso dado por la AUGC ha sido ganado en los tribunales. Incluso, el de su propia consideración como entidad legal, por la que tuvieron que litigar y que fue bendecida por aquella frase lapidaria recogida en un auto de la Audiencia Nacional de 1998. «No es sólo legal [la constitución de la AUGC], sino saludable».

Los expedientes de esta vez son por «falta muy grave» -por «conductas contrarias a la disciplina, servicio o dignidad de la institución», según dice el reglamento disciplinario-. Y podrían dar lugar desde la separación del servicio durante un año hasta la expulsión de la Guardia Civil.

Lo que reclama la AUGC es un puñado de cosas que están en la calle: libertad de expresión, asociacionismo de verdad, poder quejarse, cobrar más dinero... Todo se resume en cumplir, a fin de cuentas, con lo que recogía el programa electoral del PSOE: una nueva ley disciplinaria y un estatuto de derechos y deberes. Porque consideran los guardias que el anteproyecto de ley de Reforma del Régimen Disciplinario que se aprobó este mes en el Consejo de Ministros es poco y llega tarde.

«Ha habido incumplimientos y engaños por parte del Gobierno», recordaba Perpinyá, quien explicó que será imposible sacar adelante estas normas en la legislatura. Las medidas a tomar se conocerán la semana que viene.

La grieta tiende a agrandarse aún más entre la cúpula militar y la base de la institución. Mientras que en unos acuartelamientos se ha abierto la veda a la caza del que estuvo en la manifestación del 20 de enero, en otros ha estallado la paz. Y se han instalado huchas solidarias para que los sueldos de los apestados no se vean resentidos.

Lo dijo Paul Eluard y ayer lo suscribían los ciudadanos que fueron a arropar a Joan y a Juan Antonio: «Aunque no hubiese tenido en toda mi vida más que un momento de esperanza, hubiese librado este combate. Incluso si he de perderlo, porque otros lo ganarán. Todos los otros».

El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, emplazó ayer al Gobierno a «cumplir sus compromisos» con la Guardia Civil y «a dejar de utilizar la represión o buscar chivos expiatorios». El líder de IU se refirió así a la decisión de la Dirección General de la Guardia Civil de abrir un expediente por falta muy grave a Perpinyá y Delgado. Llamazares recordó al Gobierno sus «compromisos» con respecto a la Guardia Civil, especialmente en cuanto al régimen disciplinario, que consideró «totalmente injusto».

«El Gobierno debe llevar adelante sus promesas y no reprimir las expresiones de descontento que existen en la Guardia Civil. No nos parece que la represión sea el mecanismo adecuado, nos parece excesiva esa medida y además con efectos contraproducentes», dijo.

A su juicio, el Ejecutivo debe «favorecer lo que había iniciado», el diálogo con las asociaciones de la Guardia Civil sobre el régimen disciplinario, y, en el futuro, «en torno a la necesaria desmilitarización», por «razones de eficacia». Llamazares insistió en que el Gobierno debería «sobreseer cualquier tipo de expediente».