Una portavoz de Interior replicó que «no ha habido ningún riesgo para la protección de la ciudadanía» porque la mayoría de esos criminales siguen en la cárcel. Sin embargo, admitió que se le ha perdido el rastro a 15 de ellos.

Reid encajó el golpe tras una semana polémica por haber pedido en una circular a los jueces del país que dicten sólo penas de prisión contra los delincuentes más peligrosos y los reincidentes debido a la superpoblación de las cárcele.

El pasado viernes, el titular de Interior se vio obligado a rectificar, argumentando que no había invitado a los jueces a emitir sentencias más blandas para evitar el hacinamiento en las prisiones, y que sólo se atuvo a unas directrices previamente establecidas. Sin embargo, la situación se complicó después de que dos jueces liberaran a sendos pederastas por seguir la recomendación del ministro.

Reid se disculpó por el «error» del Gobierno de no haber previsto que se necesitan más cárceles para acoger al creciente número de delincuentes condenados a prisión.

La Asociación de Jefes de Policía (ACPO) entró en la controversia al instar a los tribunales a mantener entre barrotes a los criminales peligrosos, toda vez que el Partido Conservador -primera fuerza de la oposición- denunció la «anarquía» del Ministerio del Interior.

Pese a todo, el primer ministro británico, el laborista Tony Blair, expresó el viernes, desde el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), su apoyo a Reid, un hombre de su confianza y con fama de «mano dura».

Según los comentaristas políticos británicos, la llamada crisis de las prisiones podría hundir las ambiciones políticas de John Reid, visto como uno de los pocos políticos laboristas capaces de desafiar al ministro de Economía, Gordon Brown, para suceder a Blair.

Se espera que Brown reemplace este año al primer ministro británico, quien ya anunció en 2006 que abandonará la jefatura del Gobierno.