¿Puede justificarse en algún caso que el Estado no proceda judicialmente contra la policía aunque tenga pruebas de que ésta ha obstaculizado investigaciones de asesinatos y otros crímenes violentos? Ése es el debate que plantea el inquietante informe del Defensor del Pueblo de la Policía de Irlanda del Norte sobre la presunta colusión de miembros de la Policía Real del Ulster y sus informantes unionistas en la década de los 90. El documento apunta al corazón mismo del acuerdo que sostiene la frágil paz en que vive esta provincia y, además, suscita otras cuestiones vitales relacionadas con la fortaleza del imperio de la Ley cuando la desacatan aquéllos a quienes se paga por aplicarla.
Según el informe de Nuala O' Loan, agentes del RUC incurrieron en delitos de colusión con informantes pagados del Ejército de Voluntarios del Ulster (UVF) en nada menos que 15 asesinatos cometidos durante la década de los 90. Lo hicieron evitando que se capturara a los sospechosos, boicoteando búsquedas de armas, fabricando pruebas falsas e interviniendo en interrogatorios para evitar que los detenidos se autoincriminaran. De ordinario, tales acusaciones constituirían un motivo más que suficiente para iniciar los procedimientos penales que está exigiendo el Sinn Fein. Las víctimas de los atentados del IRA tienen derecho a esperar que sus fuerzas de seguridad siguen y siguieron unos principios morales y legales más elevados que los que guiaban a los republicanos. Sin embargo, existen razones poderosas para propugnar en este caso un umbral de tolerancia más alto de lo normal, por mucha improvisación legal que ello pueda requerir.
No hay duda de que, durante las décadas de los 80 y los 90, las fuerzas de seguridad del Ulster recurrieron a tácticas tan despiadadas como las del IRA. Lo hicieron aunque eso significara ir bastante más allá de los límites de la legalidad. Tampoco hay duda de que, desde los Acuerdos de Viernes Santo, también se ha tendido a ignorar el historial de los paramilitares republicanos. Esto se fundamenta en el endeble presupuesto de que los prisioneros del IRA han quedado libres de rendir todas las cuentas que debían, y es un tanto ingenuo, cuando no provocador, que la dirección del Sinn Fein exija llegar hasta el final con el antiguo personal policial implicado en el informe de O Loan sin reconocer al mismo tiempo sus propias fechorías.
El acuerdo que permitió la liberación de presos fue una aceptación de hecho de la retórica republicana, que hablaba de guerra y luchadores por la libertad en un conflicto que la mayor parte de los británicos considera que se dirimió simplemente contra terroristas y criminales. Y se produjo con un alto coste moral para un Gobierno que ahora debe mostrar a los acusados de colusión al menos una parte de la tolerancia que garantizó a los terroristas del IRA, pese a que las malas prácticas que ha puesto de manifiesto el Defensor del Pueblo fueron sin duda perniciosas y generalizadas .
Editorial publicado en
The Times
el 23 de enero de 2006.
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