El boom inmobiliario protagonista de los últimos cinco años ha repercutido de diferente manera en los bolsillos de los consumidores y del Estado. Si la asfixia económica para quienes se han atrevido a comprar una casa es cada vez más agobiante, el deshago financiero del Estado ha crecido a medida que lo ha hecho el sector de la construcción.
Por eso, la inminente desaceleración del mercado de la vivienda (precios, demanda y actividad incluidos) podría mermar el nivel recaudatorio del Estado, cuya dependencia a la actividad de la construcción es considerable. Según un análisis elaborado por el servicio de Estudios del BBVA, en 2004 el sector inmobiliario aportó más de 27.000 millones de euros, lo que representa alrededor del 9,5% del total de ingresos no financieros públicos y un 3,2% del PIB.
Esta recaudación viene fundamentalmente por las figuras tributarias que guardan relación con la vivienda y la actividad inmobiliaria.
De un lado, las que afectan directamente a la construcción, como las licencias municipales de obras, el Impuesto sobre la Construcción, Instalaciones y Obras o las contribuciones especiales. De otro lado, las que gravan la compraventa de inmuebles como el IVA, Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados o las ganancias patrimoniales incluidas en el IRPF. A ellas habría que sumar la recaudación correspondiente a las retenciones de IRPF de los trabajadores del sector de la construcción, excluidos en este estudio.
Los recursos vinculados al negocio inmobiliario han experimentado un gran crecimiento en los últimos años, estrechamente relacionadas con despegue de la actividad de la construcción desde el año 2000.
De estos tributos, el que ha mostrado una mayor sensibilidad a la evolución del sector ha sido Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados cuyos ingresos han pasado de representar el 0,3% del PIB al 0,8% previsto para 2006. «No obstante», matiza el informe, «debe tenerse en cuenta que parte del incremento de la recaudación de este tributo se debe al incremento de los tipos impositivos, que han pasado en todas las Comunidades del 6% al 7% en Transmisiones y del 0,5% al 1% en Actos Jurídicos».
La estimación de este informe del impacto del mercado inmobiliario en la recaudación tributaria prevé «una moderación de los ingresos vinculados a dicho mercado en la línea con el ajuste progresivo de las transacciones». Así, estos ingresos se verán reducidos en un 1% del PIB y volverán a los mismos niveles de 1997, con una representación del 6,5% del total.
La evolución de los ingresos tributarios es desigual atendiendo al destino de las huchas públicas. Esto se debe en parte al proceso de cesión de un porcentaje de la recaudación desde el estado a las Comunidades Autónomas -en 2002 se cedió el 33% de la tarifa del IRPF y las CCAA comenzaron a recaudar parte del IVA y los Impuestos Especiales de Fabricación-.
De ello se deriva que, dentro del impacto que el descenso de la productividad inmobiliaria va a tener en la recaudación de las Administraciones Públicas, los Ayuntamientos van a ser los más perjudicados. Los recursos totales vinculados a la actividad inmobiliaria de los municipios han pasado de representar un 22,8% del total de ingresos no financieros en 1992 a un 31,9% en 2004. En otras palabras, casi un tercio de la recaudación municipal proviene de la construcción.
Las comunidades autónomas son las administraciones que, tras los municipios, más dependencia tienen a esta actividad. Del 0,4% del PIB en 1997 se ha pasado al 1,1% en 2004. En el otro extremo están las Diputaciones provinciales, Consejos y Cabildos insulares, donde los ingresos derivados de este sector sólo alcanzan el 0,1% del PIB.
