El rendimiento de los impuestos cedidos pertenece a cada comunidad en virtud de unos «puntos de conexión». En las donaciones es irrelevante en muchos casos el lugar geográfico en el que radica el patrimonio principal de la persona que transmite o, lo que es lo mismo, la residencia habitual del donante. Por el contrario, el rendimiento de la donación se atribuye a la comunidad donde reside el adquirente (el donatario), salvo en las donaciones de inmuebles, en que la competencia pertenecerá a la comunidad en cuyo territorio radique el inmueble. La concesión de beneficios por este concepto (como la bonificación madrileña) tiene unos efectos limitados para el sistema tributario en su conjunto porque los «puntos de conexión» no propician por sí mismos que el núcleo de la riqueza que en este caso se manifiesta -el patrimonio del donante- se deslocalice hacia otros territorios del Estado. Las bonificaciones son atractivas para la toma de decisiones económicas de carácter aislado. No es poco, pero estos incentivos fiscales no suponen nada más en la mayoría de los casos.

En las adquisiciones mortis causa, por el contrario, el rendimiento corresponderá a la autonomía en cuyo territorio tenga su residencia habitual el causante a la fecha de su fallecimiento. Idéntico «punto de conexión» -el domicilio- rige para determinar la competencia en el IRPF (actualmente cedido por el Estado en un 33%) y en el Impuesto sobre el Patrimonio (cedido en su integridad a las comunidades). Ambos tributos, a diferencia de los que gravan las herencias, las donaciones o las compraventas, tienen naturaleza permanente, por lo que su capacidad recaudatoria, medida a lo largo del tiempo, es muy superior. Y, además, esta fuerza económica se incrementa gracias al proceso de retroalimentación que producen los beneficios legales que afectan a la residencia del contribuyente, ya que este último normalmente sitúa el núcleo de su actividad económica y de su riqueza en el territorio de su domicilio. Pero los recursos públicos, como la energía, no se crean ni se destruyen, sólo se transforman (se deslocalizan). Por lo que los tributos que entran en Madrid salen de territorios más pobres y más dependientes de una fiscalidad que no puede permitirse demasiadas concesiones.

La práctica supresión en Madrid del Impuesto sobre Sucesiones para el cónyuge y los descendientes de 21 años o más, inaugurada en 2007, frente a la anterior exclusivamente aplicable a los menores de dicha edad, es un terremoto fiscal que en la Escala de Richter alcanzaría un grado superior al siete, mientras que el movimiento legal que le precedió tendría el nivel de un suave temblor. Porque una persona con hijos menores no suele tener en su horizonte cercano la idea de la muerte y será reacio a cambiar de residencia por el poco previsible motivo de proteger a su cónyuge y vástagos de un lejano impacto del Impuesto sobre Sucesiones. La biología condiciona la mentalidad y ésta, naturalmente, es un factor económico de primer orden.

Félix Bornstein es abogado.