El pasado día 19, las inmobiliarias Inmocaral y Riofisa experimentaron una espectacular revalorización en la Bolsa. Al cierre de los mercados, el presidente de Inmocaral anunció una OPA sobre su competidora. Sin necesidad de ser un experto financiero, fue evidente que algunos privilegiados conocedores habían comprado acciones con las que habrán conseguido una fácil y rápida plusvalía. El presidente de la CNMV abrió una investigación sobre esta operación corporativa por indicios de información privilegiada y dijo que «desgraciadamente éste puede ser un caso más».
Manuel Conthe se refería así a las sospechas que penden sobre casi todas las operaciones llevadas a cabo en los últimos años. La secuencia es invariable: cada anuncio de una OPA viene precedido de una revalorización de las compañías implicadas. Sin embargo, la CNMV no ha podido detectar, ni por tanto sancionar, ningún caso de información privilegiada.
Manuel Conthe llegó a la presidencia del organismo regulador con mucho ímpetu en el objetivo de garantizar la buena conducta en los mercados. Baste recordar que intentó obligar a las empesas a comunicar a la CNMV con dos horas de antelación cualquier reunión con analistas y periodistas y sus presiones sobre el presidente de Endesa, tras la OPA de Gas Natural. Conthe tuvo que desistir de tan extremas medidas, que desde luego no eran el camino más adecuado para frenar las prácticas de información privilegiada. Sin embargo, el presidente de la CNMV tiene razón en que hay que combatir estas prácticas abusivas e inmorales que, en frase célebre del ex ministro Solchaga, convertían a España en el país donde uno se puede hacer rico más rápidamente. Es verdad que probar el uso de información privilegiada es difìcil, pero Conthe puede y debe reformar la actual reglamentación de los mercados para evitar el delito antes de que se cometa.
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