La década de 2000 entra en su séptimo año. Jordi Pujol, que cargó durante años con el sambenito de haber protegido personajes como Javier de la Rosa, lleva más de tres años retirado de la política activa. Como Felipe González, que es un espectro político y cuyos inspectores de Hacienda en Barcelona montaron una banda criminal. Y, sin embargo, la Justicia de Cataluña aún tiene pendiente resolver al menos cinco de los grandes casos de corrupción de los años 90.
Por suerte o por desgracia para los políticos, el segundo semestre de este año pueden llegar a juicio casos como el de Grand Tibidabo, que salpicará sin duda al primer grupo de la oposición, CiU, pero también el caso de los inspectores puede ver desfilar a los funcionarios filosocilalistas que impusieron su ley en la Barcelona de los 90, señalan fuentes judiciales.
Y Josep Antoni Duran Lleida, encantado de conocerse tras el papel desempeñado para CiU en Madrid, puede ver salpicada su buena imagen con la resurrección del caso Pallerols.
Estos son, a juicio de fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, algunos de los grandes casos de corrupción que podrían llegar a juicio antes de que concluya 2007:
Grand Tibidabo: El financiero Javier de la Rosa fue el primero de los intocables miembros de la jet set que dio con sus huesos en la cárcel por engañar a los accionistas de la sociedad para apropiarse de los 30.000 millones de pesetas de la época que habían reunido. Corría octubre de 1994. Diez meses antes, Pujol le había definido como «empresario modelo» Hoy, tras comparecer como acusado en varios procedimientos por su gestión en el kuwaití Grupo Torras o sus manejos en Tele 5 recorre Barcelona como alma en pena. Aún le queda en la Audiencia Nacional un fleco marginal de Torras, el caso Croessus, señalado para junio. De la Rosa lleva acumuladas penas de más de 30 años de cárcel. Pero si Croessus se resuelve pronto, como espera la Fiscalía, el pecado original, Grand Tibidabo, podría tener fecha de señalamiento en el último trimestre de este año. Y lo que pide la acusación para el financiero fantasma es una pena de 14 años más de cárcel.
El 'caso Pallerols': La evidente relación entre la concesión de subvenciones de la Unión Europea para la formación de parados por el Departament de Treball al grupo de academias del empresario andorrano Fidel Pallerols y las aportaciones de éste a dirigentes y militantes de Unió Democràtica debe ser probada por la Justicia.Superado el berrinche de la juez del caso, que se investiga desde 1997, por la absolución por el Supremo de Josep Sánchez Llibre, el caso ha resucitado. Pero uno de los imputados, Enric Millo, que se fugó de Unió al PP, es ahora diputado, tras las elecciones autonómicas del pasado 1 de noviembre, y el Tribunal Superior de Justícia debe ocuparse, al menos, de su caso particular. Si su grado de implicación fuera muy elevado, el TSJC podría reclamar todo el sumario.
Los inspectores: Las investigaciones de las justicias británica y suiza permitieron descubrir que el Grupo Torras que manejaba De la Rosa había hecho pagos en el país helvético al inspector jefe de Hacienda en Barcelona, Josep Maria Huguet. La causa se separó del resto del caso Torras y fue a parar al juzgado de instrucción número 33 de Barcelona, el de la juez Elisabet Castelló.Se estuvieron practicando diligencias hasta finales de 2005.Diligencias que apuntan a la existencia de una organización criminal en la Delegación de Hacienda en Barcelona.
Pero el caso no acaba de cerrarse, aunque sólo está a la espera del auto de apertura de juicio oral, la transformación de Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado. Y eso podría ocurrir en cualquier momento de este año. Aunque es muy complejo probar que se trataba de una organización criminal y no de simples casos aislados de contribuyentes que sobornaban a los inspectores.
Treball II: La investigación del caso Pallerols permitió descubrir que muchas organizaciones y fundaciones próximas a Unió también recibían subvenciones. Pero es que, además, el de Treball dirigido por el dirigente de Unió Ignasi Farreres, pagaba por estudios falsos o inexistentes a empresas de militantes de Unió. El caso está sólo pendiente de señalamiento.
Estevill y Banesto: La Fiscalía está a punto de presentar el escrito de acusación contra el consejero delegado del Banco Santander, entonces presidente de Banesto, por sobornar presuntamente al juez corrupto Lluís Pascual Estevill para que encarcelara a un grupo de empresarios que debían dinero al banco. Se sentarán con él en el banquillo otros directivos de Banesto de la época y el abogado Rafael Jiménez de Parga.