Lunes, 29 de enero de 2007. Año: XVIII. Numero: 6252.
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A FONDO / EL DEBATE POR LA REGULACION DE LA PROSTITUCION (II)
Más de 4.000 denuncias en BCN
SILVIA TAULÉS

Hace ya un año que el Ayuntamiento de Barcelona aprobó la ordenanza para regular la conviencia y el civismo en la ciudad. Una normativa que pretende regular la actividad sexual en las calles de Barcelona, punto que provocó fuertes críticas al equipo de Gobierno y se saldó con la división interna en el tripartito municipal. Mientras, las asociaciones de apoyo a las trabajadoras sexuales consideran que la norma deja en situación de mayor indefensión y vulnerabilidad a las prostitutas. Las redadas policiales llevadas a cabo en zonas como Sant Antoni no han servido más que para cambiar el mapa y trasladar la actividad a otras zonas. En el Raval, la Zona Universitària y la Ciutadella se sigue ejerciendo.

BARCELONA.- Hace ya más de un año que el Ayuntamiento de Barcelona aprobó una ordenanza para regular el civismo y la convivencia en la ciudad. La normativa pretendía regular, en ciertos aspectos, la actividad de las trabajadoras sexuales en la calle. La Guardia Urbana ha recibido casi 5.000 denuncias en un año relacionadas con actividades sexuales.

Tanto ofrecer como pedir sexo en la vía pública está previsto en la ordenanza como falta y motivo de sanción. Ofrecer y demandar sexo a menos de 200 metros de un centro escolar es otro de los motivos de multa, así como realizar el acto sexual retribuido en la calle.

Así, según datos del Ayuntamiento de Barcelona, a fecha de 16 de enero de 2007, las denuncias llegadas a la unidad administrativa «persistir en los requerimientos, tanto de ofrecer como de demandar», han sido 1.321, mientras que las recibidas por ofrecer o pedir sexo cerca de un centro escolar son 2.861. Las denuncias por realizar el acto sexual en la calle han sido 98

Todos los casos expuestos han sido objeto de sanciones por parte de la Guardia Urbana, cuerpo de seguridad que más ha trabajado por hacer cumplir la norma. Porque, pese a haber acordado con el Departament de Interior que los Mossos d'Esquadra se implicarían en la aplicación de la ordenanza, hasta el mismo alcalde, Jordi Hereu (PSC), reconoció en enero que falta mayor colaboración entre ambos cuerpos para poder aplicar la norma. Y es que los Mossos d'Esquadra sólo han tramitado 174 denuncias por infracción de la ordenanza sobre civismo en Barcelona.

Por su parte, las sanciones impuestas por solicitar servicios sexuales han sido 551, aunque hasta la fecha sólo se han podido cobrar 244 (el 44,3% del total).

Pero las cifras sólo reflejan una parte del desarrollo de la ordenanza. Criticada por las asociaciones de ayuda a las prostitutas antes de ser aprobada, la ordenanza sigue siendo objeto de análisis por parte de los colectivos que defienden los derechos de las mujeres.

Según Genera, asociación que apoya a las trabajadoras sexuales, la entrada en vigor de la norma ha provocado un aumento de las agresiones que estas mujeres reciben por parte de clientes y vecinos. La portavoz de la entidad, Clarisa Velocci, dijo que la normativa «marca una pauta de permisividad para que también el resto de la ciudadanía pueda perseguir a las prostitutas, un colectivo que ya está suficientemente maltratado por la sociedad».Esta «criminalización y persecución» ha llevado a un crecimiento de la violencia ejercida por los clientes hacia este colectivo, que, además, también ha visto perjudicada su salud sexual.

Mientras el colectivo se lamenta y pide que no se aplique la ordenanza, desde el Ayuntamiento se reclama más dureza. Fue el alcalde quien dijo el pasado mes de diciembre que considera que la prostitución debe desaparecer de las calles y carreteras de Cataluña. Y no es la primera vez que Hereu pide algo semejante.Ya en noviembre del pasado año defendió la necesidad de crear una ley que prohíba la prostitución en las calles, plazas y carreteras de Cataluña y especialmente en la capital catalana, porque «se ha demostrado que ejercer en el espacio público no genera más libertad». Aunque, como es habitual, las voces que surgen del tripartito local no siempre suenan al unísono. Porque la tercera teniente de alcalde, Imma Mayol (ICV), criticaba la ordenanza mientras se aprobaba sin los votos de su grupo. Y la concejal de Mujer y Derechos Civiles del Ayuntamiento de Barcelona, Pilar Vallugera (ERC), exigió al Gobierno y a la Generalitat que «impulsen leyes generales» para abordar la situación de la prostitución en la calle, para que posteriormente, el gobierno municipal «lo traslade a sus ordenanzas».

Con todo, desde la aprobación de la normativa municipal las redadas contra redes de prostitución en Barcelona se han ido sucediendo y ya son muchas las calles en las que las trabajadoras sexuales no marcan las aceras con sus tacones. La ronda Sant Antoni es el ejemplo más claro de cómo la ordenanza ha servido para hacerlas desaparecer de una zona concreta. Sin embargo, basta un paseo rápido por otros lugares de la ciudad (bajo Raval, Ciutadella, Camp Nou y Zona Universitària) para darse cuenta de que la prostitución se sigue ejerciendo en la capital catalana. Se ofrece sexo y se demanda sexo. Son las leyes del mercado, de un mercado que no terminará con una ordenanza por el civismo.

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