Lunes, 29 de enero de 2007. Año: XVIII. Numero: 6252.
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La lentitud de la Justicia es más lamentable si es política

En los últimos días de enero de 2007 al menos cinco de los grandes casos de corrupción que se produjeron en Cataluña en la década de los 90 siguen pendientes de que la Justicia resuelva sobre ellos. Algunos de los responsables políticos a los que se podría pedir cuentas por aquellos comportamientos de ciudadanos particulares y funcionarios públicos han desaparecido de la política sin que el electorado pudiera penalizarles o premiarles por su actitud con aquellas políticas corruptas. Uno de los principios básicos de la judicatura establece que una justicia lenta no es justa.Cuando los procedimientos judiciales implican consecuencias políticas la falta de medios de la Administración de Justicia no es la única causa de que los juicios se retrasen. Lo cual no quiere decir que, cuando finalmente llega la vista pública, cada partido no designe a su particular carroñero para sacar los trapos sucios del contrario. Lo vimos durante la legislatura pasada: el PSC hizo todo lo que pudo por rentabilizar la vista pública del juicio contra Lluís Pascual Estevill y Juan Piqué Vidal por extorsión, soborno y detención ilegal. Esquerra haría lo propio con el caso Turisme. Entre las grandes causas que aún no tienen ni fecha de juicio está el caso Grand Tibidabo, que afecta a Javier de la Rosa, el caso Pallerols, que afecta directamente a Unió Democràtica y a un diputado del PP, o el de los inspectores de Hacienda de la Delegación de Barcelona, vinculados a De la Rosa pero, en su mayoría, conocidos simpatizantes socialistas -con alguna excepción-.No parece que los partidos catalanes vayan a comportarse de manera muy distinta a como lo hicieron en la legislatura pasada. Hay que cerrar, por tanto, esos casos cuanto antes.

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