No sólo han logrado romper el sólido bloque que constituían el PSOE y el PP en la defensa de los principios básicos del Estado de Derecho, sino que, paso a paso, y como consecuencia lógica de la estrategia del «final dialogado de la violencia», han conseguido blanquear su imagen dotándola de un rostro, digamos, más humano. Esa transmutación lleva a algunos políticos a comprender no sólo una parte de sus reivindicaciones, sino, lo que es aún más terrible, sus métodos.

La interiorización del discurso de que el objetivo de la paz está por encima de los medios que se utilicen para alcanzarla está presente en las actitudes condescendientes que ha despertado en los nacionalistas y en las filas del PSOE la huelga de hambre de Ignacio De Juana Chaos.

Los mismos que cerraron los ojos a los 28 asesinatos de los GAL, los mismos que quisieron cubrir con cal viva las huellas de una política de asesinatos selectivos que, en el fondo, comparte la misma filosofía (el fin justifica los medios), lagrimean ahora ante la pérdida de peso de un preso que, a diferencia de sus 25 víctimas mortales, cuenta con todas las garantías que ofrece el Estado de Derecho a todos los ciudadanos, sean o no de ETA.

Deseo que De Juana no muera y espero que el Tribunal Supremo, que debe resolver próximamente sobre su recurso, actúe con la máxima ecuanimidad, sin dejarse influenciar por las presiones políticas y ambientales.

Pero, una vez dicho esto, comparto absolutamente la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La salida de prisión de De Juana hubiera sido ceder a su chantaje, con todas las implicaciones que ello hubiera supuesto.

El daño que se ha infligido esta semana a la Justicia no ha provenido de las descalificaciones hechas al auto de la Audiencia por parte de Batasuna, cuya postura ha explicitado el editorial de Gara titulado «Venganza», sino de la respuesta brutal que se ha dado desde el mundo nacionalista y por parte de destacados miembros del PSOE (naturalmente jaleados por sus voceros mediáticos). Tanto los planteamientos de Iñaki Anasagasti como los de Patxi López, de una forma más matizada, asumen la envenenada tesis de que la decisión de los jueces ha sido fruto de la presión del PP. En fin, que, en el fondo, la decisión adoptada por la Audiencia Nacional lo que intenta es poner trabas al «proceso de paz».

La irresponsabilidad en las declaraciones ha ido subiendo de tono hasta alcanzar el sábado su punto culminante con la declaración institucional del Gobierno vasco en la que se acusa abiertamente a los jueces de «desbordar» el Estado de Derecho y se hace un duro alegato contra la Ley de Partidos.

La inaudita confluencia argumental entre el nacionalismo y una parte destacada del socialismo a la hora de socabar la independencia de los jueces oculta diferentes objetivos.

El nacionalismo levanta la bandera de la equidistancia, que iguala a los asesinos y a sus víctimas, para mostrarse como única vía pacífica para obtener la independencia. Está de acuerdo con los objetivos de los que matan, pero rechaza sus métodos. Siente lástima por los que mueren, pero repudia que no compartan el ideario nacionalista. ¿Hay acaso mejor ejemplo de esa igualación entre verdugos y asesinados que el homenaje propuesto por el Ayuntamiento de Arrigorriaga (controlado por el PNV) para recordar en un único acto al etarra Argala y a un taxista y un policía nacional asesinados por ETA?

Esa burla, sin embargo, no erosiona al Estado de Derecho tanto como la maniobra de rectificación que se está haciendo por parte del Gobierno de una política de unidad frente a ETA que tuvo como colofón el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo.

No se trata, en absoluto, de sacralizar un papelito, como dijo María Teresa Fernández de la Vega, sino de validar o no una apuesta política de gran calado que tenía como objetivo la derrota de ETA sobre la base del respeto a la legalidad.

En esa recomposición de la política llevada a cabo de forma consensuada en la Historia reciente y que ha dado excelentes resultados en la debilitación de ETA y su entorno, cobra especial importancia el auto emitido por Baltasar Garzón el pasado viernes en el que rechaza imputar a Arnaldo Otegi un delito de desobediencia por haber hecho una rueda de prensa presentándose como representante de Batasuna tras el atentado de la T-4 que costó la vida a dos personas.

A pesar de que Otegi dijo hablar en nombre de Batasuna en ese acto al menos en siete ocasiones, Garzón, con el respaldo del fiscal, Carlos Bautista, sostiene que actuó como represetante de la izquierda abertzale, un «movimiento más amplio» que la organización cuyas actividades suspendió él mismo.

Releer ahora su auto del 26 de agosto de 2002 debe producirle sonrojo. En él, el juez de la Audiencia Nacional decía: «HB-EH-Batasuna se encuentra integrada en el grupo terrorista dirigido por ETA, habiendo sido creada para complementar su acción terrorista y hacerla más eficaz».

Ese mismo juez que distingue sutilmente entre Batasuna y la izquierda abertzale, advirtió en el auto de procesamiento de 36 dirigentes de Batasuna dictado el 25 de enero de 2005 (¡hace tan sólo dos años!): «ETA busca encubrir... las circulaciones financieras entre las organizaciones de la Izquierda Abertzale (IA), de modo que permanezca oculta la dependencia orgánica y funcional de todas ellas de ETA».

Otegi, que no sólo se presenta públicamente como portavoz de la ilegalizada Batasuna, sino que asiste a reuniones políticas con Ibarretxe, con Patxi López o con Jesús Iguiguren, representando a dicha organización, que aún no ha condenado ni un sólo asesinato de ETA, tiene patente de corso porque es el hilo al que se aferra Rodríguez Zapatero para mantener abierta la esperanza de reanudar la negociación con la banda, a pesar de todo.

La actitud respecto a De Juana Chaos (un hombre que, según el presidente, «está en el proceso») tiene que ver no con un repentino impulso humanitario sino con el mantenimiento de la viabilidad de la negociación con ETA. Su vida se ha convertido en importante porque Batasuna y ETA han hecho de ella una prueba para que el Gobierno demuestre su capacidad para controlar la Justicia.

Afortunadamente, los jueces, la mayoría de los jueces, no están dispuestos a modificar sus criterios, es decir, a torcer la ley, porque el Gobierno esté empeñado en un proceso negociador con una banda terrorista.

La ofensiva sin precedentes contra la Justicia que se ha producido en los últimos días tiene que llevar a la reflexión a los dos grandes partidos. Es la pervivencia del Estado de Derecho lo que está en juego.

Las fuentes de la lucha antiterrorista advierten de que ETA puede estar planteándose la ruptura de su alto el fuego. La situación de De Juana puede ser la excusa perfecta. Si eso ocurre, el PSOE y el PP tendrán que volver a caminar juntos. Es la demanda de la mayoría.

casimiro.g.abadillo@el-mundo.es