En Madrid, por centrar el argumento, se construyen 70.000 viviendas al año porque existe una demanda real que las compra. Ante este fenómeno nos encontramos a menudo con dos posturas extremas sobre el Urbanismo, opuestas e irreconciliables, que entran en un debate absurdo y falso.

Por un lado están los que no quieren que se construyan las 70.000 viviendas al año. Por el otro están los que intentan manejar los procesos de recalificación del suelo necesario utilizando argumentos de dudosa justificación.

Los unos, negando ciegamente la realidad de la demanda existente, argumentan que el crecimiento se debe únicamente al afán de enriquecimiento de promotores, o de especuladores que las compran para mantenerlas vacías. Abogan por el crecimiento cero. Ignoran la nefasta repercusión económica que ello conllevaría en todos los órdenes sociales y económicos de nuestra región. Defienden la postura de que los madrileños deben asumir un estilo de vida sin mejoras ni crecimiento cuando nuestra capacidad productora y adquisitiva hoy en día nos permite acceder a una vivienda mejor. No quieren ver que las 70.000 viviendas que se construyen y venden lo son porque hay 70.000 familias que las compran. No seamos demagogos: si existen segmentos importantes de la población que no alcanzan esa adquisición, lo que hay que hacer es promover los procedimientos de ayudas necesarias para que la alcancen. Con un espíritu destructivo de 'cuanto peor, mejor' lo que quieren es agravar el problema y no solucionarlo.

Hay quien defiende la tesis de que para que no se especule con el suelo lo mejor es una moratoria en las recalificaciones, es decir no recalificar más suelo. Ignoran o quieren ignorar, quienes así opinan, que la consecuencia de no recalificar más suelo no haría sino beneficiar a los propietarios de los suelos remanentes y permitirles, al dominar el mercado a través de la oferta, incrementar y multiplicar abusivamente los precios.

La postura opuesta de los otros podríamos definirla como la de aquellos que no quieren racionalizar el proceso de localización de los crecimientos ni la determinación transparente de la necesaria recalificación de los terrenos. En una decisión oscura y discrecional, personal y política, está el objetivo de beneficiar a personas y grupos con las plusvalías económicas que se generan en la recalificación. Para ellos todo el suelo debería poder ser recalificable, para después poder recalificar a su gusto aquel que mejor beneficia sus intereses. Esto es inaceptable porque permitiría que determinadas personas internalicen los beneficios económicos generados por las actuaciones e inversiones de toda la población.

Ni lo uno ni lo otro. Es un debate falso. No es el debate que la sociedad necesita y los hechos, que actualmente están conociéndose, lo están demostrando.

Hay que partir de dos premisas previas al inicio de cualquier proceso de recalificación:

1) Es necesario construir las viviendas que los ciudadanos necesitan y demandan: estamos en una economía de libre mercado y por lo tanto los que quieren detener el proceso están malintencionada o ineptamente equivocados. Los madrileños y españoles tenemos el derecho de aproximarnos progresivamente a los índices de calidad de vida y calidad residencial de Europa. Pero se debe constatar que el crecimiento es bueno y necesario mejorando las condiciones de vida de los habitantes.

2) Es importante que los suelos no sean recalificados discrecionalmente sino en función de la calidad de sus condiciones urbanas y sociales. La región necesita un debate de conjunto que establezca un modelo de región que debe quedar técnica y transparentemente reflejado en un documento de plan. A partir de ese modelo adoptado, es posible localizar esos crecimientos en el lugar más justo socialmente, eficaz económicamente y más sostenible medioambientalmente.

No todo el suelo es apto para ser edificado, aunque lo pretenda la Ley. Hay un suelo que de construirse produciría enormes daños al conjunto social (accesibilidad, costes de mantenimiento de servicios sociales, medio ambientales, etcétera). Sin embargo, hay otros suelos que de recalificarse para viviendas produce beneficios a todo el conjunto social (racionalidad en las infraestructuras de transportes, economías de escala de los servicios sociales, equilibrio y bienestar social, y actividad económica y empleo).

La diferencia entre estos dos suelos no se puede determinar 'jurídicamente' por Ley, la determinación tiene que ser 'técnica'. En Urbanismo no todo lo 'legal' es bueno. Lo bueno se determina por la técnica urbanística, no por la legalidad.

Ése es el debate adecuado. No podemos ni decir crecimiento cero, ni decir todo vale. Hay que debatir y establecer dónde y cómo se deben producir esos crecimientos. El error en la política territorial es modificar 'puntualmente' los planes generales de urbanismo y no tener un marco indicativo de planificación regional. Ambos planes son los instrumentos de debate y transparencia que limitan la decisión discrecional, política e interesada. Cuando hay un marco estable, transparente y coherente en Urbanismo es evidente que los políticos no pueden tomar las decisiones aleatorias y discrecionales en contra de ese marco, pues quedarían inmediatamente deslegitimados.

El debate urbanístico debe producirse dentro de un marco ético, técnico y político, en los que la argumentación de costes y beneficios de la ciudad debe ser conocida y participada por parte del conjunto de los ciudadanos. Debe ejercer su derecho, y su deber, a conocer cuál es el modelo de su región para poder participar en los proyectos urbanísticos y de este modo valorar, juzgar, decidir y consecuentemente votar en cada momento al político que mejor le represente.

Paloma Sobrini Sagaseta de Ilurdoz es arquitecta.