JAVIER ORTIZ
Dice el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, que actualmente no hay condiciones para buscar el final dialogado del terrorismo. Es evidente que dos no dialogan si uno no quiere, y ETA ha demostrado que lo que entiende por «diálogo» no es tal. Dijo que aceptaba el esquema expuesto por Arnaldo Otegi en Anoeta, pero era falso, y la prueba de ello -ratificada trágicamente en Barajas hace un mes- es que, en lugar de limitarse a negociar las condiciones necesarias para la extinción de su actividad violenta, se empeñó una y otra vez en imponer condiciones políticas a la marcha hacia ese objetivo. Así las cosas, es verdad: no puede afrontarse un final dialogado del terrorismo.
Ahora bien: ¿es posible un final no dialogado del conflicto? O, dicho de otro modo, ¿cabe acabar con ETA por la vía de la represión policial y judicial, local e internacional? De atenernos a la experiencia, parece obligado ponerlo en duda. Cuando llegó al Gobierno, José María Aznar aseguró que lograría ese objetivo en seis años. Jaime Mayor Oreja redujo el plazo a un lustro. Erraron en sus cálculos. De entonces a aquí -y ya desde antes-, la represión policial y judicial ha mermado las fuerzas de la organización de manera muy sensible. Mucho. Pero una cosa es debilitar y otra, muy distinta, aniquilar, como se ha demostrado. Siempre que cuente con gente decidida, conseguirá dinero y armas, sea robándolas o comprándolas. De modo que la clave es si cuenta con gente decidida. Y la tiene. Y más que puede reclutar, tras la reciente catalogación como terroristas de las organizaciones juveniles de la izquierda abertzale.
Es seguro que cada vez actuará en condiciones más precarias, con gente más inexperta, con peor infraestructura, con menos respaldo social, más acosada. Pero no menos cierto es que pueden pasar muchos años, decenios incluso, hasta que toque fondo.
Habría un modo de acelerar ese proceso: ejercer una acción política decidida sobre los sectores sociales que proporcionan a ETA su base social, representados por la izquierda abertzale. Una acción destinada a persuadirlos de que sus aspiraciones políticas pueden ser defendidas por vías democráticas e institucionales, y que la única condición para su avance es que logren ganarse el respaldo de la ciudadanía. Que el recurso a las armas no sólo es criminal, sino también inútil o, todavía más, perjudicial para sus propios anhelos políticos. Es lo que en su día se acordó en el Pacto de Ajuria Enea, suscrito incluso por el actual PP.
Sucede que hay poderosas fuerzas que no tienen el menor interés en una apuesta como ésa, porque no están dispuestas a aceptar que las ideas de la izquierda abertzale puedan tener vía libre, ni por las malas ni por las buenas. Con lo cual cabe que nos toque seguir en las mismas durante ni se sabe cuánto.
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