La frase es de las que definen a una persona, a una institución y a una época: «Criminalizar a la izquierda abertzale por el solo hecho de decir que son Batasuna y ETA es una reducción simplista no ajustada a la realidad y, en todo caso, sin justificación probatoria». La ha escrito Garzón como explicación para negarse a cumplir la ley y aplicársela al etarra y batasuno Arnaldo Otegi.
Y, la verdad, no sé qué me asombra más en la frase: su pavoroso analfabetismo sintáctico, su estremecedora ignorancia semántica o su espeluznante inconsecuencia biográfica. Este Garzón de la frase, aunque sea el mismo que protagonizó recientemente en la Casa de América un homenaje a Hugo Chávez, que bien pudo titularse Aló Zetapé, se llama igual que el juez del sumario 18/98, uno de los más voluminosos de la historia judicial reciente. Y en ese sumario, Garzón demostraba, con la abundantísima documentación obtenida por la Policía y la Guardia Civil, que la organización terrorista era un pulpo con muchos tentáculos (ETA, Batasuna, Jarrai), pero con una sola cabeza orientada a un mismo fin.
Nada que no supieran ya las víctimas del terror, nada que no hubiera sido denunciado por los políticos que han padecido el terrorismo etarra y la miserable pasividad, cuando no complicidad de quienes debiendo administrar justicia sólo administraban prudencia con los asesinos y desprecio con las víctimas. Pero ha permitido ilegalizar el tinglado. Y la archidocumentada instrucción garzonita es precisamente la «justificación probatoria».
Yo no sé qué es eso de la izquierda abertzale; bueno, sí lo sé: un eufemismo del Gobierno para disimular su infame negociación, su vil coyunda con el terrorismo vasco. Pero si como definición política es una estafa, como definición jurídica es una tomadura de pelo. No menos que la sandez esa, tan peneuvista, de «criminalizar» a los que, mire usted por dónde, perpetran crímenes o los justifican, o los aprovechan. No se puede criminalizar a los criminales terroristas, lo que debe hacer un Estado de Derecho es juzgarlos y a la cárcel. Y eso es a lo que se niega Garzón, no sólo contra lo que ha hecho en el pasado, sino contra lo que la Ley ordena en el presente.
El CGPJ le perdonó a Garzón, de forma atrozmente corporativista e irresponsable, el expediente y sanción que merecía por su desvergonzada actuación, que rima con prevaricación, en el llamado caso del bórico, donde se metió ilegalmente para tapar el delito de falsificación de unos policías al servicio del Gobierno a costa de difamar a policías honrados. Y ahora viene con que «no se puede criminalizar a la izquierda abertzale por el solo hecho de decir que son Batasuna y ETA».
¿Le parece poco «hecho»? Son una misma cosa, ya ilegalizada por el Tribunal Supremo, y el juez que lo niega está fuera de la ley. ¡Fuera!
