Por el momento, el titular del juzgado de instrucción número 11 de Barcelona, el magistrado Francisco González Maíllo, que investiga la querella, ha tomado declaración a estos tres altos responsables, si bien en los próximos días podría ampliar la investigación a otros directivos en atención a nuevas responsabilidades que se deriven de la documentación aportada.

El principal imputado, el responsable de vías de Ferrocarrils de la Generalitat, negó ayer la relación de las polémicas obras de ampliación del andén de la estación de Les Tres Torres con las grietas y molestias denunciadas por los querellantes.

Así, fuentes jurídicas señalaron que el responsable de vías aludió a la «sensibilidad» de la empresa ante cualquier queja o reclamación por hechos como los denunciados. Así las cosas, al recibir la queja de los vecinos por las molestias acústicas que generaba la remodelación de la infraestructura, Ferrocarrils de la Generalitat llevó a cabo una serie de modificaciones que consiguieron reducir en cuatro decibelios la emisión acústica.

Los hechos se remontan a 2003, cuando se ejecutaron las controvertidas obras de ampliación del andén de la estación de Les Tres Torres.Acabadas las obras, los vecinos del inmueble de Via Augusta 261-263 -a los que se les ha sumado en la querella otro vecino del edificio del número 275 de la misma calle- detectaron, por un lado, la aparición de grietas en algunas paredes de sus viviendas, y por otro, un incremento de las molestias por ruido por el paso de los trenes.

Tras detectar estas anomalías, los vecinos contrataron a una empresa especializada para que les realizara una medición sonométrica, que han aportado a la querella juntamente con los resultados de otro estudio realizado en 2005 por técnicos de la Universitat Politècnica de Barcelona (UPC) y que corroborarían la contaminación acústica que sufren.

Igualmente, los querellantes han llevado al juzgado diferentes fotografías tomadas en las viviendas afectadas para acreditar la existencia de grietas y daños.

Para los vecinos, según fuentes de la investigación, la responsabilidad de la empresa pública emana esencialmente de la «pasividad» de la empresa ante las reiteradas quejas presentadas por los afectados.

Josep Fajula, abogado de los querellantes, considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de daños y otro delito contra el medio ambiente en su modalidad de contaminación acústica.

Por el momento, los abogados de los imputados aportarán en los próximos días nuevas pruebas periciales para cotejar las mediciones sonométricas realizadas por los peritos aportados por los querellantes.

Igualmente, los letrados defensores de los imputados han presentado ya ante el juzgado el plan de obras realizado y el organigrama de la empresa para determinar quiénes podrían ser responsables de lo sucedido en caso de que la prueba a practicar acredite que se han producido ilícitos penales.