Miércoles, 31 de enero de 2007. Año: XVIII. Numero: 6254.
ECONOMIA
 
'GUERRA VITIVINICOLA' / El PSOE de Castilla-La Mancha se suma al rechazo de la ley antialcohol / La ministra Espinosa cree que debe ser compatible con la viticultura
Elena Salgado se enroca en su cruzada contra el vino pese al clamor de productores y publicitarios
M. RECUERO / D. CORDERO

MADRID/BARCELONA.- La nueva legislación sobre bebidas alcohólicas colocará el consumo del vino «donde tiene que estar, que es entre la población adulta». Así respondía ayer la ministra de Sanidad, Elena Salgado, al goteo de críticas surgidas en los últimos días entre los viticultores y a las que ayer se sumaron el sector publicitario y el grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha. Incluso la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, también se han mostrado partidarias de introducir cambios en el borrador del proyecto.

La voz de alarma lanzada por los viticultores en los últimos meses no convence a la ministra. Elena Salgado mantiene su tesis de que ahora es el momento de prevenir el consumo de alcohol para los menores de 18 años, así que el borrador sigue adelante.

La titular de Sanidad, que viajó ayer a Lugo para compartir un desayuno con los más pequeños del Colegio Rosalía de Castro, dio dos argumentos a su teoría. Primero, el 29% de la población joven reconoce que bebe vino. Y segundo, el 28% admite tomar combinados de vino y refresco. Para la ministra, estos son motivos más que suficientes para apretar el cinturón a las bebidas alcohólicas con una graduación igual o superior al 1,2 y, por tanto, ahogar el mercado del vino español, al que ha incluido en la lista de estas bebidas reguladas.

Ante las críticas vertidas contra su anteproyecto en los últimos días, Salgado mantuvo sus tesis, pero confía que entre todos los sectores implicados se puedan «reconducir las cosas», aunque a continuación rechazó los principales argumentos de los viticultores al negar que la futura Ley de Medidas Sanitarias para la Protección de la Salud y la Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas por Menores vaya a repercutir en la exportación de vinos de marca.

Su propio partido se opuso ayer al anteproyecto. El secretario general del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Salinas, anunció una iniciativa parlamentaria para mostrar su negativa. En rueda de prensa, en Toledo, el diputado explicó que su propuesta instará a Sanidad a que la ley no prohíba el consumo de vino, a que tenga un carácter formativo y esté orientada a los menores de edad y a que eluda prohibir las acciones de promoción vinícola.

Otra de las voces que se alzó ayer y que aún no se había pronunciado fue el organismo de autorregulación del sector publicitario, Autocontrol. Los publicitarios dejaron claro a la ministra que la mejor manera de evitar el consumo abusivo de bebidas alcohólicas entre menores no es en los términos de su ley, sino fomentando un sistema de autorregulación entre las empresas. De hecho, esta es la estrategia que, el pasado 24 de octubre, propuso la Comisión Europea para reducir los daños causados por el consumo de alcohol.

El sector del cava también se hizo oír. «Discriminación», «agresión» y «despropósito» fueron las palabras empleadas por el presidente del Instituto del Cava, Magí Raventós, para calificar el anteproyecto de Salgado. «Se produce una discriminación respecto a otros alimentos», explicó a EL MUNDO, además de «un despropósito, ya que existe un problema en la juventud con el vino porque no hay una formación».

La normativa prevista «distorsiona las costumbres, porque va más allá de la limitación», añadió Raventós. «Es la restricción de una tradición», señaló, y «un problema que se debe tratar desde la formación, no desde la prohibición».

Sin duda, la disponibilidad «absoluta» que manifestó María Teresa Fernández de la Vega al director general de la Asociación Empresarial de Bodegas de Vinos de España (Avimes), Rafael Puyó, para incluir en el anteproyecto las demandas del sector ha caído en saco roto con las declaraciones de ayer de Salgado. Sin olvidar la afirmación de la ministra de Agricultura de que trabajará para que la futura ley «sea compatible con los intereses del sector productor».

Asaja, COAG, UPA, la Confederación de Cooperativas Agrarias de España, la Federación Española del Vino y Avimes buscan apoyo en el resto de la sociedad. No están dispuestos a que la aprobación de dicha norma ocasione «graves perjuicios» al sector, ni que coarte la libertad del ciudadano adulto, ni perder las cifras que hoy describen el mapa del vino. En España, hay 400.000 explotaciones y 300.000 empleos directos.

El proyecto de Elena Salgado prohíbe la venta de vino en centros de protección y atención a menores, centros de enseñanza y sus dependencias (instalaciones deportivas anexas), instalaciones recreativas y cualquier lugar en el que se realicen actividades dirigidas a menores. Esto significa que ni los adultos podrán comer con una copa de vino en el bar de la piscina, mientras esperan a sus hijos.

Además, los empresarios bodegueros tendrán que estar ojo avizor cuando publiciten sus productos, ya que pueden infringir la ley de Salgado (ver gráfico adjunto).

El sector no atraviesa su mejor momento. La evolución de su consumo en los últimos 30 años ha caído de 70 a 26 litros por persona. Las ventas retroceden una media de un 2,5% al año. Y la Comisión Europea prepara una reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del vino que contempla el arranque de 400.000 hectáreas de viñedos en la Unión Europea. El sector insiste en que el vino es «un alimento natural obtenido por fermentación alcohólica, de uva fresca o de mosto de uva».

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