Fuentes del consejo de Gas Natural aseguran que la decisión de tirar la toalla está consensuada por unanimidad entre los dos principales accionistas de la empresa y se materializará mañana mismo, en la reunión extraordinaria del consejo de administración. La Caixa y Repsol YPF controlan el 35,5% y el 30,8% del capital, respectivamente, y tienen idéntica representación en el máximo órgano ejecutivo (cuatro consejeros cada uno). El viernes expira el plazo fijado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para presentar, en un sobre cerrado, ofertas mejoradas por Endesa. Conscientes de que la OPA de E.ON es insuperable (34,5 euros por acción), los representantes de la caja y la petrolera pedirán a Gas Natural que anule su propuesta (21,3 euros, al cierre bursátil del 5 de septiembre de 2005).

A menos que haya un imprevisto, el consejo de la empresa catalana respaldará la propuesta de forma unánime. A continuación, Gas Natural solicitará a la CNMV la suspensión de la OPA. En el instante en que el organismo presidido por Manuel Conthe dé el visto bueno, se cerrará la puja por Endesa y sus accionistas sólo tendrán una oferta a la que acogerse, la del grupo alemán.

A partir de ese momento, La Caixa y Repsol YPF concentrarán sus esfuerzos en otra batalla. Fornesa y Brufau coinciden plenamente en que Gas Natural debe pedir responsabilidades a los gestores de Endesa por su actuación en el largo proceso de OPA. Ambos consideran que Pizarro y Miranda se han extralimitado en sus funciones para frenar la operación catalana y allanar el terreno a E.ON.

Pese a la existencia de algunas voces críticas en la cúpula directiva de La Caixa -que discrepan sobre la manera en la que se han gestionado algunos aspectos de la OPA-, fuentes del consejo de Gas Natural aseguran que la victoria de E.ON no tendrá repercusiones sobre los pactos vigentes entre la caja y Repsol YPF.

Equilibrio de poderes

El 11 de enero de 2000, los dos accionistas pactaron un equilibrio de poderes en el seno de Gas Natural que, según las mismas fuentes, no se verá alterado por la retirada de la OPA. Tanto La Caixa como Repsol YPF son partidarios de mantener intacto el acuerdo de gobierno. Entre otros aspectos, este pacto fija la «composición paritaria» del consejo «entre los miembros propuestos por Repsol y los propuestos por La Caixa». También da derecho a la caja a nombrar al presidente de la sociedad gasista, mientras que la elección del consejero delegado recae en la petrolera. En la actualidad, la presidencia de Gas Natural está ocupada por el vicepresidente de La Caixa, Salvador Gabarró, y su número dos es Rafael Villaseca. Antoni Brufau también ocupa la vicepresidencia de la empresa con sede en Barcelona.

Gas Natural arremeterá contra Endesa en los juzgados por dos flancos. Sus abogados intentarán demostrar que la cúpula directiva no ha cumplido su deber de pasividad y, sobre todo, que ha facilitado información privilegiada a la multinacional alemana. En los instantes previos a la retirada, La Caixa y Repsol YPF hacen autocrítica y aseguran que Gas Natural pudo cometer fallos en su asalto a Endesa. No tanto en el precio, como en el momento elegido para acometer la operación. La polémica suscitada por el Estatut catalán acabó salpicando de lleno al proyecto de Gas Natural. «Hasta el punto de que Manuel Pizarro se presentó con una Constitución bajo el brazo en la primera rueda de prensa tras la OPA», recuerdan fuentes próximas al consejo de la empresa gasista.

Sin embargo, La Caixa y Repsol YPF están convencidos de que Gas Natural y E.ON no han competido en igualdad de condiciones. Los abogados del grupo catalán creen que la Justicia les acabará dando la razón. En este supuesto, la compañía tendría derecho a cobrar parte del aval de 1.000 millones de euros depositado por Endesa en los juzgados la pasada primavera, para hacer efectiva la suspensión cautelar de la OPA.

La eléctrica y Gas Natural tienen casi una decena de causas abiertas. La última decisión judicial se produjo el 16 de enero y favoreció a la segunda empresa. La Audiencia Provincial de Madrid echó por tierra la decisión del Juzgado de lo Mercantil número 3, cuya titular, Miriam Iglesias, paralizó la oferta catalana por un supuesto pacto colusorio para expulsar a Endesa del mercado.