Así, meses después de terminar el mandato de los vocales del Consejo General del Poder Judicial aún no han intercambiado ni siquiera nombres de posibles candidatos, y más de un mes después de que José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy acordaran buscar un pacto para la reforma del Tribunal Constitucional, apenas se ha celebrado una sola reunión y no ha habido avances.

La pasada semana se reunieron el socialista Diego López Garrido y el popular Ignacio Astarloa, intercambiaron ideas generales y quedaron en seguir hablando, pero se mantiene la distancia sobre la reforma del Tribunal Constitucional que está en trámite en el Congreso.

El PP considera irrenunciable la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad, al menos para los estatutos de autonomía, y el PSOE lo rechaza de plano.

Entienden los populares que debe evitarse que vuelva a repetirse la situación actual, en la que ha entrado en vigor el Estatuto catalán y está en fase de desarrollo mientras el Constitucional apenas ha empezado a estudiar los recursos.

Los socialistas, por su parte, no quieren renunciar a su acuerdo con los partidos nacionalistas para que los parlamentos autonómicos propongan nombres de candidatos a magistrados del TC. El PSOE y el Gobierno consideran que el acuerdo no cambia en la práctica la situación actual puesto que los dos principales partidos mantienen la capacidad de decisión y la única novedad es que operarán sobre las ternas propuestas por todos los parlamentos, es decir, que habrá tres candidatos por cada una de las 17 asambleas autonómicas. De alguna forma, se diluye la previsión del Estatuto catalán y la menos expresa del andaluz, al extender esta posibilidad a todas las comunidades.

PSOE y PP sí están de acuerdo en reformar los recursos de amparo, estableciendo un filtro mayor para su admisión a trámite. De hecho, fue ya uno de los puntos principales del Pacto de la Justicia suscrito por ambos en la pasada legislatura para desatascar el TC.

El problema es que, por el momento apenas se han sentado a discutir los detalles, salvo la citada reunión entre Diego López Garrido e Ignacio Astarloa.

Este desacuerdo mantiene paralizadas otras dos leyes sobre Justicia: la que reforma el recurso de casación del Tribunal Supremo, en favor de los tribunales superiores y la que crea los consejos autonómicos del Poder Judicial. La primera empezará a verse mañana en ponencia y la otra se encuentra paralizada en el Congreso.

El otro frente de diálogo entre el PSOE y el PP es el de los estatutos. El único que se discutirá, enmendará y aprobará antes de las autonómicas y municipales de mayo es el de Aragón. De hecho, el pasado viernes hubo una primera reunión entre todos los grupos para intentar consensuar todas las enmiendas, apenas se avanzó y el encuentro tendrá continuidad el miércoles y el jueves. El principal escollo es el que hace referencia al agua y la reserva de caudal del Ebro que se establece en el Estatuto.

Tanto el PSOE como el PP son partidarios de reformarlo y recortar las atribuciones de la Comunidad, pero en ambos casos hay limitaciones de estrategia electoral a corto plazo, con vistas a las autonómicas. Además, ese recorte puede servir de modelo para futuros estatutos, especialmente el de Castilla-La Mancha.

La próxima semana se admitirá a trámite el Estatuto de Canarias, que llega sin acuerdo con el PP, pero no se enmendará hasta después de las autonómicas, precisamente para evitar interferencias electorales.