El Congreso de los Diputados ya aprobó, en abril de 2005, un plan para prevenir «la aparición y consolidación de grupos violentos de jóvenes». Meses más tarde, el Ministerio del Interior anunció la puesta en marcha de un plan contra la expansión de las bandas juveniles.

Ninguna de esas iniciativas ha dado fruto, según el PP. A ese mal resultado, el portavoz de los parlamentarios populares, Eduardo Zaplana, añadió ayer que mientras Interior anunció ese plan contra las bandas juveniles, la delegada del Gobierno en Madrid ha dicho que en Alcorcón no existen.

En el PP dicen que el Gobierno no actúa con eficacia en este terreno, porque está sumido en «contradicciones y profundos debates internos respecto a la existencia o no de este fenómeno». Pero, según los populares, la realidad de los hechos recientes hace necesario que «el Congreso vuelva a tomar cartas en el asunto», y así lo han pedido.

En su propuesta, el PP pide que el Congreso inste al Gobierno a elaborar un plan integral, que deberá incluir medidas de tipo penal, policial y socioeducativas.

Entre otras cosas, solicitan que se incrementen las penas para los delitos cometidos por jóvenes cuando éstos formen parte de bandas organizadas, y que sea reformada la Ley del Menor, para que ninguna actuación delictiva cometida por alguien que no tenga 18 años pueda quedar sin condena.

También pide el PP que el Gobierno cree un Instituto de la Seguridad Ciudadana y que aumente el número de efectivos policiales y los medios materiales, las patrullas en las calles y que elabore planes de seguridad «barrio a barrio».

Otras medidas que pide el PP son de tipo social y educativo: un observatorio para estudiar las bandas, orientación a las familias, más centros con actividades de formación y culturales, promover el voluntariado y el asociacionismo, planes para prevenir las actitudes racistas y xenófobas, atención psicológica y legal a las víctimas y medidas específicas para los menores, todo ello en colaboración con los ayuntamientos y autonomías.