De los informes de la propia fundación, de las auditorías de proyectos y del análisis realizado por el Grupo Municipal Socialista, «se deduce», aseguran, «la posible existencia de graves delitos cometidos por la fundación».

La citada organización figura, como publicó ayer M2, entre las 22 a las que el Ayuntamiento reclama la devolución de algo más de dos millones de euros por subvenciones concedidas entre 2000 y 2002 cuyo uso no han justificado. En concreto, ésta debería reintegrar casi la mitad de lo percibido: 47.982,67 de 95.633 euros.

A pesar de ello, ayer, desde la Dirección General de Inmigración del Ayuntamiento, su titular, Tomás Vera, defendió la transparencia municipal en la concesión y fiscalización de las ayudas a la Cooperación al Desarrollo y el buen uso en general de éstas por parte de las asociaciones beneficiadas. «Los dos millones de euros suponen el 8% del total de subvenciones de esos tres años (23.986.050 millones) y es probable que una vez finalizado el periodo de alegaciones, en el que nos encontramos, lo que tengan que devolver se reduzca al 5%».

Vera puso como ejemplo uno de los casos más llamativos, el de ACNUR, al que el informe de la auditoría atribuye la obligación de reintegrar todas las subvenciones recibidas, que suponen la cuarta parte de todo lo reclamado. «Aportaron una factura de su central en Naciones Unidas que no ha sido reconocida y, sin embargo, sí es válida».