Miércoles, 31 de enero de 2007. Año: XVIII. Numero: 6254.
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¿Quién pagará la factura del CO2?
LUIS VALERO

Debate abierto en el seno de la Comisión Europea (CE) respecto a emisiones de dióxido de carbono CO2 de los automóviles, con la canciller de Alemania, Angela Merkel, advirtiendo de que luchará con todas sus fuerzas contra la decisión de este organismo de limitarlas a 120 gramos por kilómetro en 2012.

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El problema es que la CE ha dado por hecho que los fabricantes de automóviles no cumplirán los objetivos del Acuerdo Voluntario firmado en el año 1998, por el que para el año 2008 la media de emisiones por kilómetro de los coches puestos en el mercado en la Unión Europea (UE), sería de 140 gramos por kilómetro, lo que equivale a un consumo de 5,9 litros cada 100 kilómetros en el caso de los que lleven motor de gasolina, y de 5,2 litros en el caso de los diésel. Es decir, un 25% menos que en 1995. En 2004, fecha a que corresponde el último dato disponible, esta media estaba en 161 gramos por kilómetro.

Los fabricantes de automóviles argumentamos que todavía no se ha llegado a la fecha límite del acuerdo (2008) y que no hay que fijarse sólo en el límite de 140 gramos por kilómetro. Hay que tener también en cuenta el contexto en que se ha producido. Desde la firma del acuerdo, la UE ha tomado medidas que han aumentado el peso de los vehículos y por tanto los consumos, haciendo más difícil el cumplimiento de estos objetivos. Otro factor que tampoco ha facilitado el cumplimiento de los niveles exigidos en el acuerdo, es que los ciudadanos europeos han desplazado su demanda a vehículos de mayor confort y prestaciones, con mayores emisiones de CO2. Además, los incentivos fiscales aplicados por parte de los países para vehículos con bajas emisiones han sido muy reducidos o inexistentes que no han permitido equilibrar la balanza. Así las cosas, en toda Europa, sólo el 8% de los coches matriculados emiten menos de 120 gramos por kilómetro de CO2 (consumo de 5 litros cada 100 km los motores de gasolina, y de 4,5 litros los diésel). En el caso de España el porcentaje es similar.

Partiendo de la base de que la industria del automóvil está concienciada de la necesidad de un transporte sostenible, manteniendo en lo posible la movilidad individual, ve con preocupación el enfoque que la Comisión Europea pretende dar a su polític, que sobre todo hace recaer en la industria y en sus avances técnicos el conseguir rebajas de emisiones y cuyo coste medio por vehículo, en el caso de los 120 gramos por kilómetro previsto para 2012, podría alcanzar los 3.650 euros. Este importante incremento del coste lo acabarían pagando no sólo los ciudadanos, sino también a la industria, la que se le podría imponer un aumento de los costes difícil de asumir, dada su baja rentabilidad y le planteará la necesidad de cambios en los sistemas de propulsión de sus vehículos en plazos excesivamente cortos.

La posición de los fabricantes en este tema es claramente favorable a reducir progresivamente las emisiones de CO2, como lo han estado haciendo desde hace tiempo. Pero no se puede exigir sólo a la industria del automóvil la rebaja de emisiones de CO2, sino que debe ser un esfuerzo de toda la sociedad.

Por un lado, por los consumidores, con una mayor eficiencia en la conducción, un uso racional del vehículo y asumiendo la necesidad de colaborar en la renovación del parque, pues las emisiones de CO2 de los coches viejos son muy superiores. Por otro lado, la Administración debería aumentar la capacidad de las infraestructuras, mejorar su uso, fomentando los sistemas inteligentes de navegación para evitar los atascos y mejorar la fluidez del tráfico. Todo ello sin olvidar el uso de biocombustibles, que podrían rebajar las emisiones de CO2.

En el terreno fiscal las cosas tampoco pintan bien. En la actualidad, nueve países de la UE aplican medidas fiscales basadas en criterios de CO2. La gran mayoría de éstas suponen un mayor aumento de la presión fiscal, ya sea vía impuesto de matriculación o de circulación. En España se nos ha anunciado que próximamente se revisará la fiscalidad del automóvil, basándose en estos criterios. Podemos esperar lo peor. Hasta ahora nadie ha propuesto medidas fiscales que incentiven la compra de coches con menos emisiones de CO2. Si no se hace, es que la fiscalidad medioambiental es sólo un pretexto para aumentar la presión fiscal y en eso tendrán que ver mucho las comunidades autónomas, que son las principales beneficiarias de estos ingresos.

Luis Valero es director general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

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