La consulta, programada para el próximo 18 de marzo, deberá decidir la instauración o no de una Asamblea Constituyente en el país andino, lo que significaría la modificación de la Constitución y la disolución del Congreso.

El objetivo es la reforma total de las instituciones políticas, «la única alternativa posible para cambiar el país y que podamos prosperar juntos, lejos de las garras de la partidocracia», como ha repetido Correa hasta la saciedad, tanto durante su campaña electoral como después de vencer en los comicios del 26 de noviembre.

Diferentes organizaciones sociales, así como representantes de partidos de izquierda, indígenas, ciudadanos anónimos y simpatizantes de Alianza País -el movimiento liderado por Correa- habían convocado una movilización frente al Congreso desde las 9.00 horas de la mañana de ayer (15.00 horas en España).

Su fin era impedir el debate de la consulta popular entre los diputados, previsto para esa hora en el Parlamento, ya que la intención de Correa era que la consulta se realizara a través del Tribunal Supremo Electoral, sin pasar por el Congreso. Pero el mandatario no contó con que la mayoría del TSE es del principal partido de la oposición, el PRIAN, cuyo líder, Alvaro Noboa, perdió los comicios frente a Correa.

Por ello, los miembros del Tribunal decidieron mandar el texto de la consulta al Congreso, cuya comisión de Asuntos Constitucionales quería hacer algunos cambios, a los que se oponían los simpatizantes de Correa. También se pretendía denunciar el reciente incremento salarial en 1.000 dólares (770 euros) de los diputados.

Las protestas en los alrededores de la Cámara adquirieron un cariz más violento a medida que avanzaba la mañana. Por ello, los diputados decidieron abandonar las instalaciones a las 11.40 horas.

En un primer momento, el presidente del Congreso, Jorge Cevallos (del PRIAN), explicó que no había motivos para preocuparse, ya que ellos confiaban en el pueblo ecuatoriano, «que sabrá respaldar la Constitución». Por ello, dijo que seguirían trabajando «sin miedo». Sin embargo, menos de media hora después, argumentó que no existían «las garantías suficientes» para llevar a cabo la sesión y que, por lo tanto, debía evacuarse el edificio.

De esa forma, cuando los manifestantes consiguieron burlar la seguridad y acceder al interior, los diputados ya no estaban. La policía acabó expulsando a los asaltantes de la Cámara y dispersándolos con gases lacrimógenos.

Mientras tanto, aumentaban el descontento y la violencia en la calle. Una fotógrafa de la agencia Efe, Cecilia Puebla, recibió una pedrada en la cabeza y tuvo que ser auxiliada por la Policía. También resultaron heridos varios agentes. Finalmente, fue detenido al menos uno de los manifestantes.

Jorge Cevallos responsabilizó al Gobierno de los incidentes, que calificó de «atentado» contra la seguridad del Estado. Por su parte, Rafael Correa afirmó, en un comunicado, que es responsabilidad del Congreso «apagar el fuego que empezaron», informa Reuters.