El ex militar Ricardo Cavallo quiere ser juzgado a toda costa en Argentina. Tanto es así, que está dispuesto a ingresar en prisión voluntariamente para facilitar su extradición: en la tarde del lunes, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó su excarcelación, ya que había transcurrido el plazo máximo que tenían las autoridades argentinas para reclamar su entrega. Cavallo, a quien no se retuvo el pasaporte, podía haber intentado huir pero prefirió presentarse de nuevo ante el juez en cuanto supo que la documentación había llegado, y volvió a ingresar en la prisión de Alcalá-Meco.
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ordenó ayer el reingreso en prisión de Ricardo Cavallo como consecuencia de una orden de detención a efectos de extradición emitida por un juzgado argentino, que le reclama por cinco causas relacionadas con su presunta participación en el campo de tortura y exterminio que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada argentina (ESMA) durante la dictadura de Jorge Videla (1976-1983). Se le atribuyen 264 desapariciones y 159 secuestros, y su intervención directa en numerosos casos de tortura con resultado de muerte. Curiosamente, la Sala de lo Penal de la misma sede judicial había ordenado excarcelar a Cavallo en la tarde anterior. El tribunal consideró que su jurisdicción había expirado al cumplirse el plazo de 40 días de que disponía el Juzgado Nacional de lo Criminal número 12 de Buenos Aires (cuyo titular es Sergio Torres) para fundamentar la solicitud de extradición y ordenar su detención.
Al parecer, esa documentación había sido remitida al Ministerio de Justicia español el pasado 12 de enero, que la tuvo por recibida tres días después. Por algún motivo, el juez competente, Fernando Andreu, no conocía esta circunstancia. Sí tenía noticia de ello el letrado de Cavallo, Fernando Pamos de la Hoz, que acudió a la Audiencia Nacional acompañado por su defendido ayer, a primera hora de la mañana.
Una vez allí, se dirigió al Juzgado Central de Instrucción número 4, del que es titular Andreu, que fue advertido por el abogado de la situación. Allí esperaron tres horas a que el Ministerio de Justicia enviase la orden de detención, requerida por el magistrado, vía fax. Una vez recibida, se celebró una vistilla tras la que se decretó el reingreso de Cavallo en la cárcel. El abogado de la acusación particular Carlos Slepoy sostiene que la actuación de Cavallo responde a su voluntad de ser extraditado a Argentina, donde las sanciones que recibiría, a su juicio, serían más generosas. Además, según Slepoy, «allí probablemente estaría retenido en una base naval, y no en un centro penitenciario». Slepoy criticó la decisión de excarcelar a Cavallo sin ninguna medida cautelar, como la retención del pasaporte, ya que, en su opinión, existió «un riesgo de fuga altísimo».
El viernes el Consejo de Ministros decidirá si el asunto continúa por la vía judicial. Si, como parece probable, lo acepta, la semana que viene el juez Fernando Andreu celebraría una nueva vista en la que Cavallo deberá manifestar si acepta o no su extradición (lo que, con certeza, hará). En ese caso, se iniciarán los trámites para su entrega a Argentina, que en última instancia deberá resolver el Gobierno español.
Dos circunstancias complican el proceso: México, país donde Cavallo fue detenido y que entregó al ex militar a España en 2003, debe autorizar la extradición (Cavallo ya ha dirigido un escrito a la Embajada pidiendo su visto bueno); y la Fiscalía y la acusación particular ya han anunciado un recurso de casación ante el Supremo contra la decisión de la Audiencia de dar preferencia a las autoridades argentinas para juzgar a Cavallo.
El ex militar fue detenido en México en 2000 tras ser reconocido por algunas de sus víctimas. Baltasar Garzón, alegando la jurisdicción universal en casos de genocidio, pidió su entrega para ser juzgado en España, concedida en 2003. Finalmente, la Audiencia Nacional resolvió el pasado 20 de diciembre dar preferencia a los juzgados argentinos.
