Miércoles, 31 de enero de 2007. Año: XVIII. Numero: 6254.
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La sociedad está bien ordenada cuando los ciudadanos obedecen a los magistrados y los magistrados a las leyes (Solón)
 OPINION
Editorial
SALGADO CONTRA EL VINO

Tras las limitaciones en el consumo y venta de tabaco y las restricciones en la publicidad de comida rápida, ahora le llega el turno a las bebidas con graduación alcohólica. ¿Es más progresista prohibir? Para la ministra de Sanidad así lo parece.

Pero aunque Elena Salgado se enroca, puede que en esta ocasión acabe pinchando en hueso. Su cruzada anti ya ha encontrado una primera voz discrepante dentro del propio Gobierno; nada menos que la de la vicepresidenta primera. Fernández de la Vega se ha comprometido por escrito con el sector vitivinícola a tener en cuenta sus reivindicaciones antes de aprobar el Anteproyecto de Ley de Medidas Sanitarias para la Protección de la Salud y la Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas por Menores. Pero no es la única. En el Ministerio de Agricultura, que dirige Elena Espinosa, se sigue con honda preocupación la ofensiva de Salgado contra sectores tan determinantes para el tejido económico como el del vino o la cerveza.

El borrador de la ley ha unido a las organizaciones agrarias, que el lunes presentaron un manifiesto para intentar frenar el proyecto. Ayer mismo, la patronal de productores de cava hablaba de «agresión al sector», mientras que la asociación de cerveceros defendía la educación y la autorregulación como «únicas vías eficaces» para alcanzar los objetivos que, con prohibiciones, persigue Sanidad.

Por su parte, la Asociación de Editores de Diarios Españoles, las televisiones y el sector publicitario se han sumado al clamor contra el anteproyecto de ley, que prevé un enorme recorte de anuncios de bebidas, sin distinguir entre las de alta graduación y las que, como el vino o la cerveza, no lo son.

Las medidas que propone Salgado son tan contundentes que afectan incluso a los consumidores adultos y se antojan claramente desproporcionadas para los objetivos que persiguen. El proyecto señala con el dedo a toda una industria cuyos productos, consumidos de forma razonable, están considerados beneficiosos para la salud.

Vista la contestación unánime con que la ley ha sido acogida entre los sectores implicados, ésta debe ser retocada en el Parlamento. La ministra haría bien en abandonar el látigo y la senda intervencionista y tratar de alcanzar sus objetivos, legítimos, desde posiciones más progresistas, centradas en la formación, la educación y la difusión de patrones de consumo moderados y responsables.

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