Además, el tribunal establece que Trashorras -el ex minero asturiano que más acusaciones acumulará el próximo 15 de febrero en el banquillo de la Audiencia Nacional- seguía traficando con explosivos tras la detención de su cuñado, y siendo él mismo confidente de Manolón, el ex inspector jefe de estupefacientes de la comisaría de Avilés.

Por ello, y según el fallo del caso Pípol dado a conocer ayer en Gijón, cada uno de ellos ha sido condenado a seis años de cárcel, dos menos de los solicitados por el propio fiscal.

El fallo de la Sección Octava de la Audiencia condena además a Toro y a Trashorras a cinco años y seis meses y a cuatro años de cárcel, respectivamente, por tráfico de drogas en el marco de la misma operación. También tendrán que pagar sendas multas de 218.000 euros.

La sentencia, de 200 folios, otorga por primera vez naturaleza de prueba a la relación comercial entre los dos asturianos y otros confidentes de la Policía, como Francisco Javier Lavandera Villazón -que trabajaba entonces como portero en el club Horóscopo-, a quien ambos ofrecieron dinamita en el verano de aquel año 2001 «con la finalidad de que éste les pusiera en contacto con personas que pudieran adquirir dichos explosivos, llegando a enseñarle la dinamita junto con los detonadores».

Curiosamente, la condena de los jueces supone en total ocho años menos de prisión de los que había pedido el fiscal antidroga de Asturias José Perals, que solicitó para los asturianos penas de 10 años por narcotráfico y ocho por tenencia, depósito y tráfico de explosivos, la máxima de las previstas en el Código Penal para estos casos.

El Ministerio Público había justificado su petición para los dos imputados en el 11-M porque disponían de un «gran depósito» de dinamita que continuaron vendiendo después de su detención en 2001, tal y como se recoge también en el sumario por los atentados de Madrid.

Los propios hechos probados de la sentencia recogen esta circunstancia, cuando narra que «después de la detención de Antonio Toro Castro, José Emilio Suárez Trashorras volvió a ofrecer los explosivos a Francisco Javier Lavandera en el club Horóscopo sin llegar a enseñárselos, manifestándole que necesitaba deshacerse de ellos».

Trashorras y 'Manolón'

Fue precisamente en el otoño de 2001, al salir Suárez Trashorras de la cárcel tras la referida operación Pípol, cuando éste se encontró en la calle con el policía de Avilés, Manolón, de quien era vecino. Es sabido -si bien esto no figura en la sentencia- que el ex minero ofreció al policía información para la localización de varios kilos de cocaína, a cambio de que se ocupara de acelerar la salida de prisión de su cuñado, Antonio Toro.

Así quedó contrastado a través de distintas informaciones de este diario, que dio cuenta, igualmente, de la autorización expresa que el policía recibió de sus superiores para este trueque. Manolón puso el trato en conocimiento del jefe de la Brigada de Estupefacientes de Asturias, de la comisaría de Gijón y del fiscal antidroga de Asturias.

Respecto a los otros 18 imputados en esta operación, la Audiencia ha absuelto a cuatro por falta de pruebas y el resto han sido condenados a penas que oscilan entre los cuatro y los 11 años de cárcel.

Después de las de Toro y Trashorras, las condenas más elevadas han sido para Laurencio Castaño García, el ex policía de San Martín de Rey Aurelio, y para el narco gallego Marcos Barreiro Magán.

El primero ha sido condenado a 11 años de prisión, una multa de 200.000 euros y la inhabilitación absoluta durante 11 años para su actividad profesional. En el caso del traficante gallego, la Audiencia le ha impuesto 10 años y 6 meses de prisión y una multa de 200.000 euros.

La sentencia fue leída ayer en audiencia pública por la magistrada Alicia Martínez Serrano, algo poco habitual pero con lo que se quería evitar, en este caso más que en ningún otro, posibles filtraciones de su contenido a la prensa.

El fallo de este proceso, al que muchos calificaron de «antesala del 11-M», se hace público apenas 15 días antes de que comience en la Audiencia Nacional la vista por los atentados de Madrid.

La relación de ambos procesos ha sido «evidente» para algunos y criticada por otros. Lo cierto es que la fiscal del 11-M, Olga Sánchez, pidió en todo momento las actas de este juicio cuyo fallo ahora también será parte de la instrucción sobre el 11-M.

A pesar de ello, el juez -de acuerdo con los 14 letrados que ejercieron las defensas- no admitió incluir en el informe una serie de pruebas documentales, periciales y testificales que pedía el fiscal antidroga y que relacionaban a Antonio Toro y a Emilio Suárez Trashorras con el tráfico de explosivos.

Desde el inicio del proceso era evidente la negativa de los letrados y del juez -como así puso éste de manifiesto el primer día del juicio-, a permitir que nadie tratara de «mezclar» este asunto con el 11-M.

Entre las pruebas solicitadas por el fiscal se incluía un informe pericial elaborado en su día dentro de la operación Pípol, por el laboratorio toxicológico de la comisaría general de Policía en el que aparecía información sobre los cartuchos de dinamita industrial requisada en la plaza de garaje de Avilés; la declaración de los dos tedax que encontraron la dinamita, y la de los dos autores del informe.

También pidió el representante del Ministerio Público un fax llegado a la Fiscalía días antes del juicio, procedente de la Audiencia Nacional, sobre un auto del 25 de septiembre. El documento vendría a corroborar las declaraciones del marroquí Rafa Zouhier, de Francisco Javier Lavandera y del agente Jesús Campillo sobre el tráfico de explosivos del que se acusa a Toro y Trashorras.