La hora y media que el lehendakari estuvo declarando ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la aprovechó para denunciar lo que, a su juicio, es un procedimiento judicial «absurdo».

Para Ibarretxe, el proceso vulnera sus derechos fundamentales para el ejercicio de su cargo y hace parecer «de segunda división» a las instituciones y al autogobierno del País Vasco.

«Tranquilo y sereno», porque tiene la conciencia «absolutamente limpia», el lehendakari denostó «la solemne barbaridad jurídica» que se ha cometido en su persona y consideró que sólo «un país de locos puede llegar a encausar a su presidente por intentar solucionar las cosas».

Ibarretxe, que entró al Juzgado arropado por todos los consejeros de su Gobierno y con cientos de simpatizantes apoyándole desde la calle, se negó a responder a las preguntas formuladas por la acusación particular, ejercida por el Foro Ermua. El lehendakari explicó que su decisión de no contestar se debía a que esta organización sólo aporta «odio y crispación». «Es una cuestión de dignidad», añadió.

Menos reparos puso al interrogatorio planteado por Jone Goirizelaia, ex parlamentaria de Batasuna y abogada de Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan José Petrikorena en la misma causa. Ésta se limitó a preguntar al lehendakari si existió un requerimiento judicial expreso que impidiera celebrar la reunión del pasado 19 de abril en Ajuria Enea con los dirigentes de la ilegalizada Batasuna.

Ibarretxe también respondió a las preguntas que realizó el juez instructor del caso, Roberto Sáiz Fernández; la fiscal jefe del TSJPV, María Angeles Montes, y su abogado defensor, Mikel Gotzon Casas. Fue entonces cuando reconoció haberse reunido con Otegi, Barrena y Petrikorena con carácter oficial, y cuando reafirmó su intención de volver a hacerlo.

El lehendakari justificó sus contactos con la formación ilegalizada en que la solución al «conflicto político» del País Vasco «es imposible sin diálogo con todas las sensibilidades políticas».

Además, Ibarretxe, quien dijo conocer la sentencia del Tribunal Supremo que anula toda actividad de Batasuna, se jactó ante el juez de haber mantenido otras reuniones con miembros de la formación ilegalizada al margen de la que le ha costado la apertura de esta causa penal; una afirmación que, nada más salir del Juzgado, hizo anunciar al abogado del Foro Ermua, Fernando García-Capelo, su intención de ampliar la querella contra Ibarretxe, lo que presumiblemente dilatará todavía más en el tiempo la actual fase de diligencias previas.

Y es que, tras haber tomado declaración al lehendakari y, un día antes, haber hecho lo propio con los otros tres imputados en la causa, Sáiz debe decidir si continúa adelante con el llamado caso Ibarretxe y decreta la apertura de la vista oral o si, por el contrario, da carpetazo definitivo al asunto. La ampliación de la querella por parte del Foro Ermua, que espera materializar la semana que viene, supondrá retrasar esta decisión durante varios meses, ya que las partes tienen derecho a hacer sus respectivas alegaciones antes de que el magistrado admita o rechace esta ampliación de la causa.

Al igual que hicieron Otegi, Barrena y Petrikorena, el lehendakari no dijo ayer, en ningún momento, que la reunión con los tres ex dirigentes de Batasuna se realizara a título personal, algo que le eximiría del delito que se le imputa puesto que éstos conservan intactos sus derechos individuales. Eso sí, cuando se le preguntó si era consciente de que organizar y mantener una reunión con Batasuna es constitutivo de delito, Ibarretxe se limitó a contestar que determinar qué es y qué no es un delito es competencia de la Justicia, no del lehendakari.