«Les interpelamos para que, de una vez por todas, realicen una transición en clave democrática que garantice los derechos de las naciones existentes en el Estado español. La única vía para ello es el diálogo y la negociación política». Belén González Peñalva, Carmen, utilizó ayer su derecho a la última palabra para hablar, en perfecto castellano y en nombre de ETA, en el juicio que se siguió contra ella en la Audiencia Nacional por el atentado en la plaza de la República Argentina, en 1985. Fue el primer coche bomba en Madrid y causó un muerto y 17 heridos.
La etarra se había comportado hasta ese momento como una estatua, cruzada de brazos y piernas y con gesto adusto, excepto en algún momento puntual. Vestida con un pantalón verde, una chaqueta de punto a juego y un pañuelo naranja alrededor del cuello, asistió impertérrita desde el último banco del habitáculo blindado a los testimonios de sus víctimas, algunos de ellos muy emotivos. Sólo había abierto la boca para negarse a declarar, con el argumento de costumbre: «No doy legitimidad a este tribunal para juzgar a militantes vascos», esta vez en euskara.
Cuando las acusaciones y la defensa concluyeron sus informes de acusación, el presidente de la Sala, Angel Hurtado, preguntó a la acusada si tenía algo que añadir. Carmen pronunció entonces un sonoro «sí» y se levantó, de forma ceremoniosa. En la línea que mantienen la banda y la izquierda abertzale, Carmen se dirigió en tono solemne al tribunal como si éste fuese una instancia política. Angel Hurtado trató de interrumpir su alegato sin éxito: «¡Eso no procede!», le gritó. «Si es en relación con el juicio, sí». Carmen no hizo caso.
Previamente, el Ministerio Fiscal había mantenido para ella su petición inicial de 485 años de prisión según el Código Penal de 1973, por considerar acreditado que participó como autora de los delitos de atentado en concurso ideal con otro de asesinato, asesinato consumado y 17 asesinatos en grado de tentativa. Asimismo, el fiscal Ignacio Gordillo reclamó, en concepto de responsabilidad civil, indemnizaciones de 540.900 euros por el fallecido -el norteamericano Eugene Kenneth Brown- y de entre 3.065 y 617.000 euros para los 17 heridos. Catorce de ellos eran guardias civiles de entre 18 y 22 años que viajaban en un microbús, a cuyo paso explosionó un Peugeot 505 cargado de amonal.
Igual petición de la AVT
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) realizó la misma petición, como también la acusación particular que representaba a uno de los heridos, Juan Antonio Corredor.
Las acusaciones sostienen que Carmen formaba, en 1985, junto a De Juana Chaos y el etarra arrepentido José Manuel Soares Gamboa -ya condenados por estos hechos-, el comando Madrid de ETA.
La principal prueba de cargo para acusar a Carmen es, precisamente, el testimonio de Soares Gamboa. Éste describió con detalle cómo en la madrugada del 8 de septiembre de 1985, Carmen y De Juana tomaron un taxi hasta un colegio mayor en las afueras de Madrid, donde Soares Gamboa les esperaba con el coche bomba. Una vez allí, encañonaron y esposaron al taxista, al que introdujeron en el maletero de su propio vehículo. Según este relato, De Juana tomó el volante del coche bomba y los otros dos etarras le siguieron en el taxi que sería empleado para la huida tras el atentado. Carmen se habría bajado antes de llegar al objetivo por miedo a ser reconocida.
Después, De Juana estacionó el Peugeot cargado de explosivo y, a distancia, lo hizo estallar.
Carmen, de 50 años, es una de los miembros históricos de la banda terrorista. Integró uno de sus comandos más sangrientos y consiguió escapar de un espectacular peinado policial del barrio madrileño de El Pilar. Además, ella era quien acompañaba al dirigente etarra Txomin cuando éste falleció en un accidente de tráfico en Argelia.
Participó en las conversaciones de Argel de 1989 con el Gobierno socialista, tras cuyo fracaso se le interceptaron varias cartas en las que se quejaba de la ruptura de las negociaciones y pedía una nueva tregua. Fue también, junto a Mikel Antza, interlocutor de los enviados del Gobierno de Aznar en Zurich en mayo de 1999. Tras el fin de la tregua, fue detenida en noviembre de ese año en Francia.