El fallo corrobora la versión de los confidentes policiales que alertaron a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de que Toro y Trashorras comerciaban con grandes cantidades de dinamita, robada de las minas de la zona de Avilés.

Francisco Javier Lavandera había informado ya a la Guardia Civil en agosto de 2001 -como recoge la cinta de Cancienes- que Toro se jactaba de tener almacenados 400 kilos de dinamita y que le había escuchado decir que vendía armas a ETA. Según la sentencia, tras la detención de Toro, también Trashorras ofreció dinamita a Lavandera.

El confidente Nayo había revelado a su abogado que Toro y Trashorras tenían escondidos más de 200 kilos robados de Goma Dos que iban a formar parte de un trueque con ETA en el año 2002. También que Trashorras era muy aficionado a manejar explosivos. De todo ello también fue informada la Policía. Y Rafa Zouhier contó a la Guardia Civil que Toro le había comentado en la cárcel de Villabona a finales de 2001 que se dedicaba al tráfico de explosivos y que buscaba compradores.

Lavandera y Zouhier eran confidentes de los cuerpos de seguridad del Estado. Y Trashorras estaba controlado por el inspector de Avilés, Manuel García Rodríguez, Manolón, con el que tenía una relación habitual y casi familiar desde poco después del ingreso de Toro en la cárcel. Es imposible que éste no supiera a qué se dedicaba su confidente.

Que la Guardia Civil conocía las andanzas de Toro y Trashorrras quedó probado por el informe de marzo de 2003 de la UCO, en el que se relata como ambos viajaron a Madrid y Cádiz para vender dinamita. Resulta claro, por todo ello, que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil de Asturias y la UCO estaban perfectamente informadas de que estos dos personajes traficaban con grandes cantidades de dinamita que probablemente robaban en las minas de Avilés. ¿Por qué no fueron detenidos? ¿Por qué no se les interrogó? ¿Por qué se les permitió seguir traficando con explosivos y armas?

Si como sostienen la fiscal y el juez instructor del 11-M, el explosivo utilizado en los trenes de Madrid salió de Trashorras y Toro parece evidente que hubo una enorme negligencia policial que merecería ser investigada. También habría que indagar por qué la Policía no quiso registrar la casa de Toro tras hallar dinamita y droga en su garaje. ¿Había ya algún tipo de complicidad?

El juicio y la sentencia de la operación Pípol han servido para corroborar que Policía Nacional y Guardia Civil permitieron durante tres años que operara con total impunidad una red de tráfico de dinamita en un país azotado por el terrorismo. Salieran o no de esta red los explosivos del 11-M, la pasividad policial fue escandalosa e incomprensible.