Sábado, 3 de febrero de 2007. Año: XVIII. Numero: 6257.
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 ECONOMIA
El sector del agua mineral denuncia que la nueva ley «vulnera la propiedad privada»
Las empresas creen que se cambian las reglas a mitad de partido, mientras Industria dice que sólo les equipara al resto de recursos hídricos
JAVIER G. GALLEGO

MADRID.- El borrador del anteproyecto de Ley de Bases de Aguas Minerales y Termales en el que se contempla la integración de estos recursos naturales en el régimen de dominio público ha provocado el rechazo de los empresarios del sector, que interpretan esta iniciativa como una «nacionalización en toda regla» y que «vulnera brutalmente la propiedad privada y las reglas del juego», pese a la insistencia del Ministerio de que «en ningún caso se plantea nacionalizarlos puesto que seguirán siendo explotados en régimen privado».

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El texto elaborado por Industria, que fue remitido a la patronal de este sector hace sólo unos días, reza textualmente que se procederá a «demanializar (convertir en titularidad pública) todas las aguas minerales y termales» y equipararlas así con el resto de recursos minerales, geológicos e hidráulicos del territorio español, considerados de dominio público y, por tanto, cedidos a la explotación privada a través de concesiones administrativas.

Para la secretaria general de la Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebidas Envasadas (Aneabe), Irene Zafra, el borrador convierte un bien de propiedad privada en público «de la noche a la mañana» y sin tener en cuenta las enormes inversiones que las empresas han hecho para explotar estos recursos. Además Zafra cree que el borrador supone «cambiar las normas del juego a mitad del partido» y va a perjudicar la iniciativa de las compañías extranjeras para entrar en el mercado español, como ya lo han hecho Coca Cola, Nestlé o Damm.

Las consecuencias prácticas de este cambio serán que, siempre que se apruebe el texto tal y como está redactado, aquellos que quieran explotar un manantial deberán pedir la correspondiente concesión administrativa y tendrán que pagar a los ayuntamientos los impuestos correspondientes al uso privado del agua mineral. En el Ministerio añaden que «este anteproyecto no supone perjuicio económico alguno para quienes se dedican a esta actividad, puesto que en el texto se proponen largos plazos de explotación -alrededor de 60 años- que evitan tales perjuicios y garantizan las inversiones».

Los argumentos del departamento de Industria no convencen a los empresarios, ya que consideran que, aunque la actividad puede seguir desarrollándose, se han hecho unas inversiones de cientos de millones para explotar un producto que ahora no es suyo. La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), también se ha sumado a las critícas y cree que se trata de una medida «demagógica, puesto que estas aguas son de propiedad privada en España desde que se declararon de utilidad pública en el siglo XVIII».

La explotación de las aguas minerales y termales -que representan un 0,02% del total de las aguas comunes de España- está regulada por las Leyes 22/1973, de 21 de julio, de Minas y 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, en las que figura que «los recursos mineros, hidrológicos y geológicos son de dominio público del Estado». Sin embargo, la Ley de Aguas no cita expresamente a los manantiales y a las aguas termales, por lo que quedan excluidas del articulado en el que se regula la actividad sobre estos bienes mediante concesión administrativa.


Un negocio muy atractivo

El mercado de aguas envasadas mueve en España más de 1.000 millones de auros anuales y da empleo a unos 4.500 trabajadores. Según la Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebidas Envasadas, en 2006 se inviertieron 100 millones de euros en sistemas industriales para el desarrollo de un mercado liderado por Grupo Danone, que opera a través de sus marcas Font Vella y Lanjarón, con un 26,7% de la cuota de mercado por facturación.

El mercado español se ha convertido en una jugosa inversión para compañías de alimentación y multinacionales extranjeras, como Nestlé -propietaria de Aquarel, que ha invertido 20 millones de euros en una nueva planta en Badajoz- o Coca Cola, que compró Aguas de Santolín, del Maestrazgo y de Cospeito para agruparlas en su marca Aquabona.

Además, Vichy Catalán, Grupo Pascual -propietaria de Bezoya, Cardó y Pascual Nature- y San Benedetto, dueña también de Fuente Primavera, lideran este mercado, que en 2005 vendió más de 6.500 millones de litros.

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