El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, le ha replicado diciendo que el Gobierno no pretende «crispar» las relaciones con la Iglesia, sino defender los derechos de todos los ciudadanos.

No suele ser habitual que coincidan los obispos con los ministros. Y, menos aún, con los ministros socialistas. Pero, esta vez, el ministro de Justicia y el obispo de Sigüenza- Guadalajara lo hicieron en la presentación del libro El factor católico en la política española (Editorial PPC), escrito por el sociólogo Rafael Díaz-Salazar. Y, como era de prever, saltaron chispas. Educadas, pero chispas.

Monseñor Sánchez no se mordió la lengua y aprovechó la ocasión para quejarse ante el ministro. A su juicio, lo ideal sería «volver al espíritu del Concilio y de la Transición democrática, así como al clima de diálogo que propició los acuerdos Iglesia-Estado». Y añadió, pesimista: «Recuperar hoy ese clima me parece un sueño».

Y eso que, como argumentó el obispo Sánchez, representante del sector más abierto del Episcopado español, «la Iglesia no pide privilegios, no impone ni reclama nada», pero tiene que evitar caer en dos tentaciones, la de «someterse» o la de «imponerse como una instancia superior».

El ministro, que no se esperaba ese rejón del obispo, intentó explicar que el Gobierno actúa con las mejores intenciones en relación con la Iglesia, y aseguró que todos los cambios introducidos buscan alcanzar «un horizonte mejor de libertad, derechos y ciudadanía».

El Gobierno, agregó Fernández Aguilar, está comprometido en esa defensa de los derechos fundamentales «de todos», recogidos en la Constitución, sin hacer diferencias de ningún tipo, «aunque podemos discrepar sobre lo que se entiende por naturaleza de las cosas y los derechos morales objetivos», dijo.

Por su parte, el autor del libro, Rafael Díaz-Salazar, dio por imposible la convivencia en la diversidad sin el laicismo y criticó la actual postura de la Iglesia, a la que calificó de «comunidad fragmentada e incapaz de orquestar la polifonía católica».