El desafío del PNV, incluidas manifestaciones callejeras, a unos jueces que citaban al presidente del Gobierno vasco para determinar si había infringido la Ley de Partidos, ha sido recibido sin grandes reproches -y hasta con expresos y encendidos apoyos- en algunos medios informativos, mientras que otros deploraban la quiebra institucional.

Carlos Garaikoetxea, el ex lehendakari, opinaba en la Ser que los jueces no están hostigados en el País Vasco, sino sometidos a críticas razonables, y que ya está bien de que subsistan «vacas sagradas» (precisó que «es una figura retórica»), y que Ibarretxe, al reunirse con Otegi, tiene el valor de hacer a cara descubierta lo que otros hacen de tapadillo. Varios contertulios de Hora 25 respaldaban vigorosamente esas opiniones, lamentaban las quejas del Consejo General del Poder Judicial y uno de ellos, Santiago Belloch, tildaba de «gravemente injusta» la citación del Tribunal Superior del País Vasco.

En El País, por otra parte, leíamos un editorial de cal y arena en el que se señalaban ciertas «paradojas» del lehendakari -como es la apelación a un Tribunal Supremo cuya jurisdicción pretendía borrar del País Vasco el plan Ibarretxe-, pero en lo esencial respaldando su actuación: «La Ley de Partidos, cuya supuesta vulneración está en el origen de la querella, establece que la disolución de un partido implica 'el cese de toda actividad' del mismo, y que el incumplimiento de esa disposición dará lugar a responsabilidades penales», pero «no hay en la ley nada que indique que esa responsabilidad pueda extenderse a las personas que se reúnan con miembros del partido disuelto».

Frente a la simpatía de los unos, la indignación de los otros. Afirmaba un editorial de ABC: «La actitud hostil del nacionalismo vasco hacia la Justicia es un obstáculo insalvable para aceptar la posibilidad de que el PNV esté realmente dispuesto a participar en un sincero consenso antiterrorista. La derrota de ETA -pues sólo este objetivo permitiría calificar un acuerdo como antiterrorista- implica la defensa activa del orden constitucional y del sistema legal que los terroristas quieren destruir».

Pues sí, en efecto. Pero queda un tanto artificioso que el diario de Vocento plantee, siquiera retóricamente, la posibilidad de que el PNV se sume a un genuino pacto antiterrorista en el que sí se empecina, claro, El País (El Gobierno perfila el nuevo pacto antiterrorista que rechaza el PP, titulaba el miércoles). No puede haber ningún pacto antiterrorista, sino filoterrorista, cuando los nacionalistas no tienen otro interés que brindar una airosa salida política a los terroristas.

En una declaración de prístina honradez y de gran trascendencia, el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, lo dejó bien claro el pasado fin de semana: «El PP ha tratado de articular un debate sobre que no se trata de poner fin a ETA, sino de derrotarla. Pero ETA ya fue derrotada hace tiempo, desde el punto de vista de su deslegitimación, y la única posibilidad para ella [es] llegar a un final en el que salve los muebles».

Es decir: ETA ya ha quedado fatal, pero no dejará de matar hasta que le demos un dulce bajo forma de suelta de presos y de reconocimiento político. Brillante, señor Imaz. Así se relegitimará ETA en tiempo récord. Y sobre 800 cadáveres.