El Ministerio del Interior anunció ayer nuevas medidas disciplinarias contra otros 16 responsables de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Les ha abierto un expediente disciplinario por falta muy grave, en aplicación del artículo 9.9 del régimen disciplinario del Instituto Armado. De forma cautelar, a estos 16 funcionarios, al igual que ocurrió con los dos dirigentes anteriores sancionados, Interior les ha suspendido de empleo y sueldo durante otros tres meses. Algunos forman parte de la Junta Directiva Nacional de la AUGC y otros son delegados provinciales de esta asociación. Los expedientes por falta muy grave pueden derivar en la expulsión del Cuerpo.

La pasada semana, la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil ya había expedientado al secretario general de AUGC, Joan Miquel Perpinyà, y al secretario de Comunicación, Juan Antonio Delgado. El expediente de todos ellos atiende al artículo 9.9 del régimen disciplinario, que considera falta muy grave realizar «conductas gravemente contrarias a la disciplina, servicio o dignidad de la institución que no constituyan delito».

El director Joan Mesquida ordenó la semana pasada un informe a los servicios jurídicos de la Dirección General de la Guardia Civil por si la concentración que la AUGC convocó el 20 de enero en la Plaza Mayor de Madrid y su asistencia a ella de uniforme hacían recurrir a los agentes en alguna posible infracción. La decisión de Mesquida de abrir los citados expedientes se sigue por recomendación de ese informe jurídico no vinculante.

Los expedientados ocuparon durante todo el acto el escenario vestidos con el uniforme reglamentario y sin pistola. Igual que los guardias situados entre el público, para los que las fuentes consultadas descartaron que vayan a ser objeto de expediente.

En el acto del pasado sábado, Juan Antonio Delgado actuó como presentador de los oradores que participaron en el acto, desde el filósofo y escritor Fernando Savater hasta el secretario general de CCOO, José María Fidalgo, pasando por el presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo, un suboficial del Ejército que fue internado en un centro militar sancionado por sus declaraciones en una rueda de prensa convocada por esta asociación para tratar el accidente del Cougar en Afganistán. En su intervención, el militar defendió la necesidad de más derechos para los militares. En la convocatoria también intervinieron representantes de los sindicatos de la Ertzaintza y de los Mossos D Esquadra. También intervino la representante del Sindicato Unificado de la Policía Mónica Gracia.

El acto fue cerrado por Perpinyà, quien, entre otras cosas, dijo: «Venimos de uniforme porque estamos orgullosos de él y porque de otro modo no se nos escucha». Bajo el lema Derechos, ya, AUGC denunciaba el incumplimiento de las promesas electorales del PSOE: un estatuto de derechos y deberes que regule el asociacionismo en el Cuerpo y un nuevo régimen disciplinario. El Gobierno recibió de Interior el pasado día 12 un anteproyecto de ley orgánica para la reforma del actual régimen disciplinario del Instituto.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, advirtió ayer de que el Ejecutivo «no va a aceptar ninguna insubordinación ni ningún chantaje». Defendió que el Gobierno está realizando avances que nunca se habían producido en la mejora del Instituto Armado, tanto en las condiciones laborales y salariales de los agentes como en la coordinación de la actuación de la Guardia Civil con otros cuerpos policiales. Añadió que la obligación del Gobierno es que se cumpla el régimen disciplinario de la Guardia Civil.

El diputado de IULV-CA, Antonio Romero, preguntó ayer al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, si piensan restaurar el Tribunal de Orden Público para reprimir a los guardias civiles que luchan por sus derechos.