La Sala admite el recurso de la Abogacía del Estado y considera que no se ha acreditado suficientemente la disponibilidad de agua.

El Ayuntamiento de Riba-roja y el club valencianista tendrán que presentar nuevos informes que avalen la suficiencia hídrica si no quieren que el plan, que incluye 2.767 viviendas en 1,6 millones de metros cuadrados, se vaya a pique.

En la documentación que analizó la Sección Primera de la Sala de los Contencioso no figura ningún informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Este informe -que no es vinculante aunque sí preceptivo- fue sustituido por otro de la empresa de suministro local, Aquagest, que la Justicia ha considerado insuficiente. Según el auto de suspensión, el documento presentado es «deficitario».

No es la primera vez que el Tribunal Superior frena un proyecto urbanístico por no estar justificado que todas las viviendas dispondrán de agua.

Y siempre lo hace atendiendo a recursos del abogado del Estado, en una auténtica guerra abierta entre la Generalitat -en manos del Partido Popular- y la Administración General del Estado, que controla el PSOE.

El programa de actuación integrada de Porxinos forma parte de una larga lista de más de 90 planes urbanísticos tramitados por la Consejería de Territorio y Vivienda que la Confederación Hidrográfica del Júcar considera inviables por no disponer de agua o situarse en zona inundable.