BARCELONA.-
Los jueces que ejercen en Cataluña cambian con demasiada frecuencia de destino, y si es difícil que pidan plaza aquí los que son de otras comunidades autónomas, el problema se agrava con la marcha de los magistrados ya arraigados.
La presidenta del TSJC, Maria Eugènia Alegret, lo ha denunciado así por activa y por pasiva, pero no parece obtener respuesta a sus reivindicaciones. Según explicó Alegret con motivo de la presentación de la memoria anual de actividad judicial en Cataluña, 99 jueces se trasladaron de juzgado en 2005, y mientras 66 vinieron de fuera, 91 solicitaron el traslado a otros puntos de España.
Para Alegret, esta movilidad «exagerada» es consecuencia de la reducción del tiempo de permanencia mínimo en los juzgados, que ha pasado de dos años a uno, pero también a las condiciones en las que se desarrolla el trabajo son pésimas, con una gran sobrecarga y escasos incentivos.
La presidenta del TSJC hizo también hincapié en el importante número de mujeres que ejercen la carrera judicial, y son las vacantes generadas por enfermedades relacionadas con embarazos, maternidad, y excedencias por cuidados de hijos con reserva de plaza.
En el año 2005, en Cataluña se concedieron 30 licencias de maternidad a jueces o magistradas, dos licencias por adopción internacional y 11 excedencias por cuidados de hijos con reserva de plaza.Y la lista de jueces sustitutos se ha hecho corta para cubrir todas las vacantes generadas.
Tura busca fórmulas
La misma consellera de Justícia, Montserrat Tura, se comprometió en una reciente visita a Girona a buscar fórmulas para solucionar la elevada movilidad de jueces y funcionarios judiciales, como podría ser negociar con el Ministerio un posible cambio en el sistema retributivo para cobrar en consonancia con el elevado volumen de trabajo.
La consellera comparte la preocupación de Alegret y considera que si los profesionales de la justicia están mejor pagados no se irán, con lo que se resolvería así uno de los grandes problemas de la Administración de justicia. No obstante, Tura entiende que este cambio en el sistema retributivo es «muy difícil», porque implica cambiar el mapa judicial catalán. Alegret, en el mismo sentido, apela a la necesidad de buscar «medidas orgánicas imaginativas».
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