Las investigaciones judiciales de tramas delictivas suelen ser farragosas y complejas. Requieren especial dedicación y destreza. Un cambio de juez al frente de la instrucción provoca un desbarajuste. Y nueve cambios de juez a lo largo de una investigación, un absurdo: una justicia lenta, no es justicia.
La errática instrucción de la causa por el presunto fraude de subvenciones del Departament de Treball de la época del conseller Lluís Franco, de CiU, duerme el sueño de los justos en el juzgado de instrucción número 2 de Cornellà de Llobregat: técnicamente, ahora espera a conocer el resultado de una prueba pericial contable solicitada por una defensa, según señalaron fuentes jurídicas a EL MUNDO. La investigación también está a la espera de hallar el paradero de un testigo, según otras fuentes de la investigación consultadas.
Pero la lenta progresión de las pesquisas judiciales, que se iniciaron en 2001, se achaca directamente al exagerado cambio de juez instructor, sea por bajas médicas, cambio de destino o sustituciones mientras estuvo vacante la plaza.
La Fiscalía presentó en noviembre de 2001 la querella criminal contra el presidente de la Confederación de Empresarios del Baix Llobregat, Paz Dorado, y otros dos responsables de la organización empresarial por los presuntos delitos de fraude en la obtención de subvenciones públicas y falsedad en documento oficial. Según la Fiscalía, una parte de los cursos que la Confederación cobraba no se realizaban, y se falsificaban los justificantes de asistencia de los supuestos alumnos.
Más de un millón de euros
El Ministerio Fiscal, a partir de la elaboración de un detallado informe por parte de la Guardia Civil, considera que «existe la posibilidad de obtener evidencias documentales de una hipotética cooperación en el fraude de funcionarios del Departament de Treball implicados en las labores de inspección de los cursos u otorgamiento de las subvenciones».
De hecho, el informe de la Guardia Civil concluyó que Treball, cuando el Departament era dirigido por Lluís Franco, «no controlaba ni examinaba como debiera la documentación que recibía de los diferentes centros de formación».
La investigación, con el paso del tiempo, ya ha llevado a la imputación de ocho personas, entre ellas Paz Dorado, que ya ostentaba el cargo de presidente de la Confederación de Empresarios del Baix Llobregat en la época en que se detectaron las irregularidades, entre 1995 y 2000, y los diferentes representantes sindicales que de forma rotatoria asumían responsabilidades en la Asociación para el desarrollo de la formación que impulsaron. La Guardia Civil ha calculado el fraude en una cuantía superior al millón de euros.
Así, entre los imputados también destaca Vicenç Rocosa Girbau, actual secretario general de la Federación del Metal de CCOO y Juan José Casado, secretario general de UGT en el Baix Llobregat.
Los otros tres imputados son los responsables de formación de los cursos controvertidos, 172 que recibieron subvención del Forcem y del Departament de Treball y que, según las acusaciones, no se realizaron.
La investigación imputa a la confederación de empresarios un fraude aproximado de 900.000 euros, a la Asociación para el Desarrollo de la Formación, 320.000 euros y a la Fundación Privada Fénix, 80.000 euros.
Los cambios continuos de juez al frente de la investigación han entorpecido su progreso natural. Según fuentes jurídicas, en juzgados pequeños es habitual el trasiego de jueces que aceptan un primer destino forzoso y en cuanto pueden solicitan el traslado a otros partidos judiciales más acordes con sus necesidades o con su arraigo familiar, pero lo sucedido en el juzgado de instrucción número 2 de Cornellà de Llobregat, que ahora dispone de un magistrado titular, tiene pocos precedentes.
Un caso muy similar al de Fidel Pallerols
BARCELONA.- Antes de que Lluís Franco aterrizara en el Departament de Treball, en el año 2000, gobernó la conselleria el también militante de Unió Democràtica Ignasi Farreres, ahora pendiente de juicio por su posible responsabilidad en el pago de unos estudios a dos empresas afines al partido y que resultaron ser plagios de otros informes y del todo innecesarios.
Fue también bajo el mandato de Farreres que se gestó otra de las presuntas irregularidades en el uso de fondos del Departament que más ríos de tinta ha hecho correr por lo compleja que ha sido la investigación. Se trata del llamado 'caso Pallerols', por la supuesta implicación del empresario Fidel Pallerols en la trama, y en cierto sentido reproduce el 'modus operandi' que la Guardia Civil detectó en la gestión irregular de los fondos ocupacionales de Treball que investiga el juzgado de instrucción número 2 de Cornellà.
El procedimiento que ahora está en manos de la Sala civil y penal del TSJC, por estar entre entre los imputados Enric Millo, diputado del PP y aforado, investiga la realización entre 1994 y 1999 de unos 376 cursos de formación ocupacional reglada subvencionados por Treball y cofinanciados por el Fondo Social Europeo con un total de 8,8 millones de euros. El proceso judicial, que ha instruido la juez Silvia López Mejía del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, ha sufrido también diversos avatares durante la tramitación, al haberse tenido que pronunciar también el Tribunal Supremo por la posible relación de los diputados de Unió Democràtica en el Congreso Josep Sánchez Llibre y Pere Grau, que fue descartada por el alto tribunal español.
Entre los imputados en el procedimiento están el ex director general de Empleo Lluís Gavaldà y Dolors Llorens, ex subdirectora general. La Audiencia de Barcelona les atribuyó en un auto de noviembre pasado la presunta comisión de los delitos de fraude de subvenciones públicas, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsedad y receptación, conductas que se habrían cometido entre 1994 y 1998.
