El pasado 2 de diciembre, cuando José María Mena cumplió los 70 años dejó automáticamente de ser fiscal jefe del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Desde entonces, el teniente fiscal José María Romero de Tejada, uno de los candidatos de la conservadora Asociación de Fiscales -al contrario que Mena, fundador de la Unión Progresista de Fiscales-, ejerce como fiscal jefe en funciones. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido no parece tener demasiada prisa en nombrar al relevo de Mena por varias razones. En primer lugar porque desde Madrid, y aunque pueda parecer sorprendente, Barcelona no deja de considerarse una plaza menor, a pesar de que algunos de los asuntos más relevantes de la reciente historia judicial española se han ventilado en la capital catalana. Pero es que la principal crítica que desde el Gobierno y desde la izquierda se viene haciendo a la labor de Conde-Pumpido es que está demasiado pendiente de los medios de comunicación, especialmente la derecha mediática. Cuando el etarra Ignacio de Juana Chaos estaba a punto de cumplir su condena de 23 años de cárcel por varios asesinatos, el ruido de la derecha impulsó a Conde-Pumpido a sacarse de la manga una nueva causa contra el miembro de ETA: le pidió nada menos que 96 años de prisión por dos artículos de opinión publicados en el diario Gara, petición que al final quedó reducida a 12 años. Pero, si el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, admitía que De Juana era uno de los dirigentes de ETA que estaba en favor del proceso de paz, la corrección política del fiscal general acabaría por convertirle en un mártir de los halcones de la banda, y si sigue su huelga de hambre hasta el final y acaba muriendo, las consecuencias son imprevisibles.
Y es que Zapatero ha gestionado especialmente mal el proceso de paz o, en palabras de ETA «el alto el fuego indefinido». No ha hecho ni un sólo gesto que demostrara sus intenciones de ser generoso con la banda. En la tregua de 1998, alguien tan duro como José María Aznar habló del «Movimiento Nacional de Liberación Vasco» y acercó a un contingente importante de presos al País Vasco, entre ellos Iñaki de Juana.
Por eso el fiscal jefe de Cataluña no es una de las principales prioridades ni del ministerio de Justicia, cuyo titular, Juan Fernando López Aguilar, dejará el cargo en breve para presentarse a las elecciones autonómicas canarias del próximo mes de mayo, ni del fiscal general, un Conde-Pumpido que sabe que su continuidad con el nuevo ministro no sólo no está garantizada sino, según de quien se trate, seriamente amenazada.
Algunos de los más osados miembros de la judicatura y de la carrera fiscal (de Jueces por la Democracia y de la Unión Progresista de Fiscales) ya empiezan a plantear en voz alta que verían con buenos ojos que se promoviera a fiscal general al titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Así, sostienen estos visionarios, matarían dos pájaros de un tiro: por un lado compensarían a Garzón por haberse visto relegado en la carrera por la presidencia de la Sala Penal de la Audiencia Nacional en favor de Javier Gómez Bermúdez que, por cierto, puede sorprender a más de uno por el tinte rojizo de algunas de sus resoluciones.
Cierto es, admiten, que si Conde-Pumpido está pendiente de los medios de comunicación, el complejo de diva que muchos atribuyen a Garzón va mucho más lejos. Pero, añaden, la diferencia es que Garzón es mucho más osado -incluso suicida- y que su nombramiento trasmitiría una imagen de impulso del Gobierno en la lucha contra la corrupción y que se trataría de un fiscal general dispuesto a comprometerse con un resucitado proceso de paz en el que, de momento, sólo parece creer Zapatero.
En la reunión del pasado martes de Consejo Fiscal, los miembros de la conservadora Asociación de Fiscales hicieron mucho ruido con la falta de decisión del fiscal general con la vacante en el Tribunal Superior de Justícia catalán. Por si acaso, Conde-Pumpido ya se había reunido con Romero de Tejada y, en los próximos días se verá con el otro fiscal de Cataluña que ha expresado su interés por el cargo, Martín Rodríguez Sol -también de la conservadora AF-. Igualmente, quiere verse con la fiscal Teresa Compte, que es en realidad la verdadera candidata del fiscal general, entre otras cosas porque durante los últimos años ha ejercido como adjunta de Mena y ha sido la responsable de que los engranajes de la Fiscalía de Cataluña funcionen. Pero Compte ya ha expresado por activa y por pasiva que, por razones estrictamente personales, no quiere asumir el cargo y que, bajo ningún concepto, presentará su candidatura.
«La verdad es que no hay nadie que reúna las condiciones». aseguraba a este cronista un fiscal esta semana. El candidato de Esquerra a ocupar la Oficina Antifraude del Govern, David Martínez Madero, no tiene los 15 años de carrera profesional requeridos, además de que si finalmente a la Oficina le quitan el control también de los ayuntamientos, de Bucarest volverá directamente a Madrid.Los fiscales hablan de la ausencia de Mena con una mezcla de alivio y orfandad. Están más cómodos sin el aliento del jefe permanentemente en la nuca, pero echan de menos aquellas pequeñas correcciones en sus escritos que los mejoraban considerablemente.
El hombre que precedió a Martínez Madero como candidato a dirigir la Oficina Antifraude con la aquiescencia de todos los partidos del tripartito, el hoy magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Carlos Ramos, el fiscal de Grand Tibidabo o el hombre que encarceló a Lluís Pascual Estevill y a Juan Piqué Vidal e inició la persecución de los inspectores corruptos de Hacienda capitaneados por Josep Maria Huguet, no está por la labor. Reúne casi todos los requisitos: 15 años de profesión, un currículo excelente y una capacidad insólita de investigación. Pero su mujer también es fiscal, así que, ahora mismo, si él accediera al cargo, ella tendría que pedir una excedencia. Y en la carrera judicial, los sueldos no son como para renunciar a uno alegremente. Tal vez los malabarismos de Conde-Pumpido den tiempo a que se apruebe el nuevo Estatuto de la carrera Fiscal y se elimine ese requisito.
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