El texto llega con apoyo de Coalición Canaria y PSOE y el rechazo frontal del PP. No obstante, los socialistas son conscientes de que el proyecto resultante necesita ser pulido a fondo en su trámite parlamentario y de que, de paso, sería deseable incorporar al PP como se hizo en el Congreso con el de Andalucía.

El Grupo Socialista y el Gobierno son muy críticos en privado con el texto aprobado en Canarias y prevén modificarlo a fondo, pero cuentan con la ventaja del calendario. Es decir, que las elecciones autonómicas y municipales del 27 de mayo les proporcionan respiro suficiente como para no tener que abordar su debate antes de esa fecha, ni tener que hacer públicas sus discrepancias.

La perturbación electoral hace imposible que antes de la cita con las urnas el PSOE admita en público lo que dice en privado: que el texto es reformable. Salvando las distancias, el esquema es similar al de Cataluña: que se apruebe en el Parlamento autonómico, que luego ya se adaptará en las Cortes. O sea, lo que Alfonso Guerra describió con el verbo «cepillar».

La previsión del PSOE es que Juan Fernando López Aguilar, como nuevo presidente del Gobierno canario, con pactos o sin pactos, gestione el futuro del Estatuto en las Cortes a partir del mes de junio.

Foco sobre las islas

Es probable que el protagonismo del todavía ministro de Justicia y candidato del PSOE en Canarias se plasme en breve en su salida del Gobierno, aplazada por el atentado del 30 de diciembre. Se pretende que la coincidencia con la tramitación del Estatuto canario ponga el foco esta semana en esa Comunidad y, en lo posible, en el candidato socialista.

López Aguilar sólo espera ya a presentar en el Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Adopción, lo que está previsto para este próximo viernes o el siguiente.

El rechazo del PP hace fácil aventurar que mañana tocará, de nuevo, confrontación entre los dos principales partidos. El PSOE tendrá el apoyo de los demás grupos y, como es habitual, por el Gobierno intervendrá la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

En lo que va de legislatura se han aprobado totalmente cuatro estatutos, y sólo el de Cataluña ha salido de las Cortes sin acuerdo entre PSOE y PP, tal y como recordó José Luis Rodríguez Zapatero el jueves. Para los próximos meses, además del de Canarias, se tramitarán otros tres.

El proyecto de Canarias es visto con reparo por el PSOE ya desde el preámbulo. El texto hace un largo y retórico recorrido histórico del origen del archipiélago, hasta llegar a la Guerra Civil y la dictadura de Franco que, según dice, «se apropió de una parte sustancial de las divisas generadas por la economía canaria, limitó sus compras en los mercados exteriores al suprimir las franquicias fiscales y mercantiles, y favoreció la presencia de las empresas peninsulares en el mercado insular».

Otra singularidad está en la definición del territorio pues, salvo que se corrija en las Cortes, será el único Estatuto que incluya el mar y el espacio aéreo como parte de la Comunidad. «El ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias comprende el archipiélago canario, integrado por las siete islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, Lanzarote, La Palma y Tenerife, así como los territorios insulares de La Graciosa, Alegranza, Lobos y Montaña Clara, Roque del Este y Roque del Oeste, por el mar que las conecta y por el espacio aéreo correspondiente», indica.

En el capítulo de competencias, se atribuyen a la Comunidad más afectada por la inmigración más poderes que a ninguna otra. En concreto, «la competencia ejecutiva en materia de autorización de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Canarias; la tramitación y resolución de las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena; la tramitación y resolución de los recursos presentados con relación a los expedientes y la aplicación del régimen de inspección y sanción. También la participación en las decisiones del Estado sobre inmigración, con especial trascendencia para Canarias dada su situación geográfica y, en particular, la participación preceptiva previa en la determinación del contingente de trabajadores extranjeros».

También se incluye la competencia de prisiones, que sólo tienen Cataluña y País Vasco, aunque ésta última no ha recibido la transferencia.

El texto contiene también dos particularidades que tenía también el texto originario catalán y que el PSOE se encargó de eliminar en las Cortes: exigencias de traspasos de competencias por ley orgánica, según el artículo 150.2 de la Constitución, y referencias a futuras reformas de leyes del Estado. Todo parece indicar que los socialistas procederán como hicieron con el catalán.