La Generalitat tomará esta decisión después de que el Consejo Consultivo dictaminase que es inconstitucional alrededor del 70% de los artículos de esta ley, de la que se podrán beneficiar más de 200.000 personas en toda Cataluña, informa Efe.

En cualquier caso, la consellera Capdevila (ERC) se mostró hoy partidaria de anteponer los intereses sociales a los políticos y de no retrasar la aplicación de la ley por esta cuestión.

«Todo el sector social y sobre todo todas las entidades directamente afectadas van en la línea de decir que no se retrase (la aplicación de la Ley de Dependencia) por una cuestión política», señaló la consellera en declaraciones a los periodistas tras la presentación del programa «Vacaciones en familia».

«Yo creo que ahora en todo momento el problema está situado en una cuestión política. No retrasemos la implantación de la Ley de la Dependencia», insistió la consellera.

Por el momento, PSC e ICV-EUiA se han inclinado públicamente por no recurrir al Tribunal Constitucional, mientras que ERC ha manifestado que la ley es un «un paso adelante para lograr la universalización de los servicios sociales», aunque no tendría «inconveniente» en hacerlo si CiU lo plantea en el Parlament.