Para Arguilé, la ley que propone Salgado «choca de lleno» con la actual normativa del vino y del alcohol y con la legislación aragonesa, por lo que aseguró que no va a «bajar la guardia» porque la iniciativa de la ministra de Sanidad es «innegociable».

En su opinión «el consumo de cualquier alimento compulsivamente es perjudicial», y apostó porque «los gobiernos no ocupen la tarea de los padres, ni los padres dejen la educación de sus hijos en manos de los gobiernos».

La reacción del consejero de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Aragón pone de manifiesto la discrepancia que ha generado la iniciativa del Gobierno central que, lejos de encontrar el respaldo de sus socios autonómicos, ha puesto en pie de guerra a los representantes socialistas de varias comunidades.

La oposición del PSOE

De hecho, Arguilé no ha sido el primer miembro del partido en alzar la voz contra la futura ley. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, instó la semana pasada a José Luis Rodríguez Zapatero a que frenara el ímpetu con el que Elena Salgado estaba dispuesta a incluir el vino en el mismo paquete que el resto de bebidas alcohólicas. Barreda apostó por el peso de la opinión del presidente del Gobierno sobre las intenciones de Salgado: «donde hay patrón no manda marinero», dijo el presidente autonómico.

A estas declaraciones se sumaron ayer las de otros socialistas que han mostrado al máximo representante de su partido el descontento por la futura normativa. Así, el secretario regional del PSOE de Castilla y León, Angel Villalba, declaró que la medida es «demasiado coercitiva» como para mantener intacto el compromiso que la Junta de esta comunidad tiene con el sector del vino.

La situación que vive Castilla y León, según Villalba, «es similar» a la que se produce en La Rioja, una comunidad estrechamente ligada a la cultura del vino, o en Asturias, donde los tres partidos políticos de la comunidad están trabajando de manera conjunta para hacer frente a una ley que puede perjudicar seriamente la producción de sidra.

Ya en las filas contrarias, el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, se mostró contrario al contenido de la futura ley y rechazó que el vino deje de ser considerado un alimento y se trate de disminuir su presencia en la sociedad y su publicidad. Camps aprovechó su intervención en la nueva sede del sindicato Asaja-Alicante, para cargar contra el Ejecutivo, al que criticó por ir contra la Comunidad Valenciana «primero con políticas de Medio Ambiente, luego con Agricultura, y ahora con la Sanidad».

Las consecuencias de esta iniciativa legislativa promovida por Elena Salgado también han tenido repercusión en las filas de CiU. Su portavoz en el Senado, Pere Macias, formulará mañana una pregunta al presidente del Gobierno para conocer su opinión en relación a las limitaciones legales que propone Sanidad.

Con este escenario como telón de fondo, la ministra ha decidido dividir al sector para negociar una solución al conflicto. Salgado comenzará hoy una ronda de reuniones por separado con cada una de las partes que compone el sector vitivinícola. Hace apenas una semana, el sector se presentó en bloque ante los medios de comunicación para anunciar a la opinión pública que no estaban dispuestos a acatar el borrador de la nueva ley.

Todos a una, empresarios, sindicatos agrarios y cooperativas dijeron no al plan de Salgado y pidieron apoyo a la sociedad para combatir la crisis que afrontaría el vino si la ley saliese adelante. No obstante, los agentes sociales del sector vitivinícola decidieron ayer acatar la invitación por separado de la ministra y acudir a su llamada, aunque no todos han sido convocados aún.

Discurso unánime

Los primeros en reunirse con Salgado serán los miembros de la Asociación Empresarial de Bodegas de Vinos de España (Avimes), quienes visitarán a la ministra esta mañana. Por la tarde, será el presidente de Asaja, Pedro Barato, el que acuda al Ministerio.

La mañana del miércoles será para la Federación Española del Vino, cuyo director general, Rafael del Rey, dejó claro a EL MUNDO que pese a tratarse de reuniones por separado, «hay un discurso unánime del sector por escrito». El resto de asociaciones agrarias (COAG y UPA) y la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (CCAE) no han sido convocadas por el Ministerio.

El presidente del Consejo Regulador de Vinos de Madrid, Juan Bautista Orusco, expresó también su descontento por meter en el mismo saco al vino y al resto de alcoholes: «El vino es una tradición y una cultura y, además, un producto natural, por lo que no se puede equiparar al resto de bebidas alcohólicas que se elaboran de forma artificial». Orusco explicó que esta medida sólo contribuiría a agravar la situación por la que pasa el sector del vino, cuyo consumo ha bajado en los últimos 30 años de 70 litros anuales por persona a 26 litros.

El Parlamento Europeo emitió el pasado 29 de enero un informe sobre la reforma de la Organización Común del Mercado (OCM) del vino, al que ha tenido acceso este periódico. La autoridad comunitaria dejó constancia de que «toda reforma debe contar con el sector porque es una fuente de empleo y prosperidad para las regiones de la Unión Europea». Asimismo, destaca que «es posible mejorar la competitividad a través de campañas sistemáticas de información y promoción para recuperar posiciones en el mercado».

El informe del Parlamento europeo pone de relieve la diversidad del vino, su valor tradicional y cultural, y destaca las ventajas de un consumo moderado del vino en beneficio de la salud.