La siguiente medida del mandatario ha sido transferir un millón de dólares (700.000 euros) más al millón que el anterior presidente, Alfredo Palacio, decidió destinar a la contratación de distintos vuelos chárter que trasladarán a los damnificados a España. El primer millón era una cantidad insuficiente, ya que sólo permitía contratar tres aviones, que daban cabida a la mitad de los pasajeros.

Para agilizar los trámites, Correa ordenó al Ministerio de Economía que «invierta todos los recursos que sean necesarios para enfrentar esta crisis». Para ello, representantes del Ministerio contactaron con la Embajada de Ecuador en Washington para que ésta firmara el contrato con la aerolínea estadounidense Northeast, elegida entre otras 14 compañías para efectuar el traslado. William Murillo, secretario general de Inmigración, argumentó que Northeast ofreció «los billetes de menor costo en comparación con otras aerolíneas».

Aun así, los perjudicados no acaban de confiar en tanta promesa. «Con buenas palabras no se soluciona nada; nosotros necesitamos regresar a España ya», denuncia Fernando Benavides, erigido en representante de los afectados desde que comenzaron las protestas más de un mes y medio.

Parlamento Andino

El problema ha llegado incluso al Parlamento Andino, integrado por representantes de Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia. Fabrizzio Fantoni, secretario nacional en Ecuador, dirigió una carta a la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, para exigir respuestas contundentes, ya que, «a diferencia de cómo actuó el gobierno de España, hasta la fecha, nuestros compatriotas siguen siendo víctimas de una serie de dilaciones por parte de funcionarios de la Cancillería que no pueden tolerarse».

La desesperación por la pérdida de los trabajos (e incluso de los papeles en regla) de los perjudicados llevó a un centenar de ellos a asaltar el Palacio Presidencial la semana pasada para reclamar que el Gobierno cumpla lo prometido.

Con palos, cazuelas e incluso piedras, lograron burlar a los guardias de seguridad y hacer que el propio Correa les atendiese, instantes después de que éste mandara desalojar el edificio, lo que provocó enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía. «Nos están tratando como a perros paseándonos de un lado a otro y sin ofrecer soluciones. ¡Queremos nuestros pasajes ya!», demandaba entre gritos Alicia Moncayo, una de las perjudicadas, mientras varios agentes la obligaban a abandonar el Palacio.