La decisión se tomó en torno a las 19.30 de ayer por seis votos frente a cinco. Lo ajustado del resultado pone de manifiesto la intensidad de la pugna que se ha vivido durante las dos últimas semanas en el seno del Tribunal. El TC se ha fracturado por la mitad. Y es que, más allá de la propia recusación, lo que estaba en juego era la suerte misma del Estatut: sin Pérez Tremps, el sector de magistrados a los que se presume partidarios del Estatuto catalán ha quedado en minoría.

El hecho insólito de que la recusación de Pablo Pérez Tremps haya prosperado -es la primera vez en la historia del TC que se aparta a un magistrado de un asunto sin que él se haya abstenido- no sólo representa un indiscutible éxito del Partido Popular sino que, además, sitúa su recurso en una posición inmejorable. A priori, el bloque de magistrados que aprecia serias tachas de inconstitucionalidad en el Estatuto de Cataluña suma seis votos, mientras que el sector que salvaría la polémica norma se ha quedado en cinco.

Estos cinco son los mismos que ayer se opusieron a la aceptación de la recusación de Pérez Tremps y se corresponden con los magistrados que accedieron al Constitucional a propuesta del PSOE: María Emilia Casas, actual presidenta del Tribunal; Elisa Pérez Vera, Eugenio Gay, Pascual Sala y Manuel Aragón. Los cinco han anunciado votos particulares discrepantes.

Los seis votos que determinaron el apartamiento de Pérez Tremps fueron emitidos por el vicepresidente, Guillermo Jiménez, y los magistrados Vicente Conde, Roberto García-Calvo, Javier Delgado, Ramón Rodríguez Arribas y Jorge Rodríguez-Zapata, que será el ponente de la resolución. Todos ellos fueron propuestos magistrados del TC por el Partido Popular.

El PP había recusado a Pérez Tremps -elegido miembro del TC directamente por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en junio de 2004- porque un mes antes de llegar al Constitucional elaboró, en su condición de catedrático, un estudio sobre las relaciones exteriores de la Generalitat de Cataluña.

El trabajo le fue encargado en noviembre de 2003 por el Institut d'Estudis Autonòmics (IEA), el organismo de la Generalitat que actuó como cerebro del nuevo Estatuto, y por él recibió 6.000 euros del Gobierno catalán, que ahora es parte en el proceso abierto por el TC para determinar la constitucionalidad de la nueva norma estatutaria.

El PP sostenía que el estudio de Pérez Tremps fue un auténtico dictamen que sirvió a la Generalitat para preparar el articulado del proyecto en uno de sus aspectos más controvertidos: la posibilidad de que las comunidades autónomas establezcan sus propias relaciones exteriores.

La mayoría del Tribunal Constitucional ha llegado a ese mismo convencimiento a la vista de las pruebas de que ha dispuesto en esta ocasión y que no tuvo a la vista en enero de 2006, cuando rechazó una inicial recusación de este mismo magistrado.

Se trata del expediente de contratación de Pérez Tremps, pedido por el Tribunal al IEA, documento que ha puesto en evidencia que el trabajo de Pérez Tremps no fue un simple estudio «académico» sino que contestó a propuestas concretas de la Generalitat guiadas por una finalidad política: incrementar el autogobierno de Cataluña.

Ello ha determinado que tres de los magistrados que hace un año apoyaron a Pérez Tremps (Javier Delgado, Vicente Conde y Guillermo Jiménez) ahora se hayan inclinado por apreciar su falta de imparcialidad objetiva para pronunciarse sobre la constitucionalidad del Estatut.

El voto del vicepresidente ha sido el decisivo para que la recusación haya salido adelante. Jiménez, que mantuvo la incógnita sobre su posición hasta finales de la semana pasada, ha sido el miembro del Tribunal que ha inclinado la balanza a favor de estimar la impugnación.

La decisión ha disparado los rumores sobre una eventual renuncia de Tremps al cargo de magistrado del TC, rumores que ayer circulaban ampliamente en el propio Tribunal.

Ello permitiría al Gobierno nombrar a otro magistrado afín al que no se pudiera recusar y cuyo voto fuera favorable al Estatut. La maniobra, que alteraría la composición del Tribunal para buscar un resultado ad hoc, precisaría de la colaboración necesaria de María Emilia Casas, que tendría que aceptar la eventual dimisión para que fuera efectiva.

La situación es más compleja si se tiene en cuenta que Pérez Tremps no ha sido recusado en el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Defensor del Pueblo, en el que también es parte la Generalitat, lo que, según las fuentes consultadas, debería conducir a su apartamiento voluntario.