Considera que la figura del fiscal general del Estado «sigue estando muy vinculada al Gobierno de turno que le toca», por lo que propone «un plazo de mandato de cinco años y causas tasadas de cese para garantizar su imparcialidad real y evitar toda sospecha de influencia política en su actuación». La AF también plantea que «es necesario reforzar el funcionamiento del Consejo Fiscal y de la Junta de Fiscales de Sala».

Además, expone que es necesario reconocer «capacidad de gestión presupuestaria» al Ministerio Fiscal, «como presupuesto necesario para que la autonomía funcional no sea una mera declaración de buenas intenciones».

Asimismo, destaca que «la necesaria adaptación a la organización territorial autonómica no puede suponer la pérdida del carácter de órgano constitucional del Ministerio Fiscal, para garantizar la aplicación igualitaria de las normas en todo el territorio del Estado».

La Asociación de Fiscales entiende también que procedería «simplificar la estructura organizativa de la carrera, haciéndola más flexible»; se opone al «aumento del catálogo de infracciones disciplinarias», y apremia a modificar las diligencias de investigación de la Fiscalía: a su juicio, esperar a la reforma del proceso penal «transmite desconfianza».