El tribunal tiene previsto concluir a primera hora de la mañana y de manera rápida la última fase de prueba, con la escucha de las últimas cintas con intervenciones telefónicas. A continuación, los magistrados Angela Murillo, Nicolás Poveda y Luis Martínez de Salinas preguntarán a las acusaciones si mantienen las conclusiones que formularon con carácter provisional antes del inicio del juicio. Además de la Fiscalía, ejerce la acusación popular la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que expondrá sus conclusiones después del fiscal y antes de que lo hagan las defensas.

Las acusaciones incluyen dos bloques de delitos: los terroristas (pertenencia o colaboración con una organización terrorista) y los económicos (contra la Seguridad Social, contra la Hacienda Pública, falseamiento de la contabilidad e insolvencia punible).

Respecto al primer bloque, las fuentes consultadas indican que la Fiscalía mantendrá las acusaciones con una excepción: retirará la formulada contra José Ignacio Uruñuela. En el escrito provisional, el fiscal señalaba a Uruñuela como «miembro de Ekin partícipe del desarrollo del proyecto de desobediencia civil de ETA» y pedía para él 12 años de prisión.

En el apartado económico sí están previstas modificaciones que reducirían -en algunos casos de manera sustancial- las peticiones de condena para algunos acusados.

Según fuentes de la Audiencia, de las intervenciones de los peritos en el juicio se comprobó la dificultad de mantener todas las acusaciones por delitos contra la Seguridad Social y contra Hacienda, que se extendían al menos a cuatro ejercicios fiscales. Estas acusaciones estaban relacionadas con la actividad del diario Egin y su editora, Orain. Las modificaciones en este apartado tendrían consecuencias, entre otros, para el principal acusado, Xabier Alegría. En su escrito provisional, la Fiscalía pedía para él 15 años como dirigente terrorista y 36 por una decena de delitos económicos.

En el banquillo de la Casa de Campo se sientan 53 personas acusadas de pertenecer o colaborar con los frentes político y financiero (KAS y Ekin), mediático (Egin y Orain) e internacional (Xaki) de ETA, así como a la conocida como trama de desobediencia civil (Fundación Josemi Zumalabe). En conjunto, los acusados sumaban casi un millar de años de petición de cárcel.