Martes, 6 de febrero de 2007. Año: XVIII. Numero: 6260.
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 ESPAÑA
El PSOE lo considera «insólito» y ERC urge al Gobierno a sustituirle

MADRID.- Los partidos que apoyaron la aprobación del Estatuto de Cataluña valoraron ayer muy negativamente la decisición del Pleno del Tribunal Constitucional (TC) de aceptar la recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps. «Insólita» o «desproporcionada» fueron algunos de los adjetivos que recibió. ERC instó al Gobierno a sustituirle. El PP, en cambio, saludó el fallo como un triunfo.

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El portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, mostró su «sorpresa» por la que calificó como «insólita» resolución del TC. Para López Garrido, es la primera vez que se admite una recusación «de un profesional, profesor de Derecho Constitucional, por un trabajo de carácter doctrinal, académico y científico», según informa Europa Press.

Esquerra, a través de su portavoz en el Parlamento catalán, Joan Ridao, consideró la decisión «desproporcionada e injusta». Recordó que, a su juicio, el origen de la polémica sobre Pérez Tremps está en unas declaraciones del propio Ridao hace un año. «Desde entonces hubo una cruzada contra este magistrado por parte de la derecha política y mediática española», expuso.

El portavoz republicano urgió al Gobierno socialista a que «sustituya» a Pérez Tremps y «que no se resigne a que se tenga que apartar al magistrado».

También CiU lamentó el dictamen del TC. El diputado autonómico de la federación Francesc Horns manifestó su «impresión» de que el tribunal está «en una deriva de politización partidista».

En este sentido, Horns pidió que las «batallas partidistas se mantengan al margen de las grandes instituciones del Estado» porque, de lo contrario, aseguró, se configura «un escenario bastante penoso».

Izquierda Unida (IU) declaró que la coalición acata la decisión, aunque «no la comparte» y aseguró que se trata de una «fórmula torticera» orquestada por el PP para «modificar la correlación de fuerzas de los órganos constitucionales y jurídicos».

Al contrario, para el portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso, Federico Trillo, la resolución «ratifica que se ha trabajado muy seriamente contribuyendo a la defensa de la legalidad» y demuestra que su partido «no ha estado utilizando argumentos políticos».

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